Urnas Abiertas, la Oficina para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello presentan el informe “Nicaragua. Elecciones 2021: Un plan doloso para acabar con la democracia”

El pasado martes, 28 de septiembre, el Consejo Supremo Electoral anunció la lista de “acompañantes electorales” que estarán presentes en las elecciones generales de Nicaragua el 7 de noviembre. La lista está encabezada por Gregorio Mondaca, socialista de Chile; José Luis Centella y Miguel Ángel Bustamante, del Partido Comunista de España; Gerry Condon, expresidente de Veteranos por la Paz de Estados Unidos y Jorge Kreyness, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina. La presentación se realizó durante un “foro virtual de reflexión” en el que participaron magistrados electorales del CSE. 

Este sábado 25 de septiembre arrancó la campaña electoral en Nicaragua de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre. De los siete partidos políticos que participan del proceso, solo dos informaron públicamente que realizaron actividades presenciales. El inicio de esta jornada que culmina el 3 de noviembre, ha sido marcado por baja participación de simpatizantes e irregularidades. 

El 15 de septiembre se cumplieron 200 años desde la firma de la independencia. Sin embargo estos 200 años no se han traducido en cambios significativos, todo lo contrario, las élites que han gobernado Nicaragua parecen estar atrapados en un patrón de comportamiento autoritario que deviene constantemente en conflictos sociales internos.

Desde junio una centena de personas han sido citadas a la fiscalía, principalmente periodistas, como estrategia de intimidación. La violencia política y la persecución judicial ha generado una nueva ola de desplazamiento y migración forzada, y también un absoluto rechazo internacional al gobierno de Nicaragua. La estrategia represiva ha tenido por objetivo eliminar la competencia electoral, utilizando especialmente el derecho penal del enemigo; esta situación desemboca en un proceso sin condiciones mínimas para ser justo, creíble, legítimo, transparente y libre.

La situación actual de Nicaragua, la ruptura del orden democrático, la perpetuidad en el poder de Daniel Ortega y su familia, la cooptación del Estado, la construcción de un sistema de gobierno familiar y los crímenes de lesa humanidad cometidos por quienes ocupan la administración del Estado, solo dan paso a una siguiente reflexión en materia de poder político: ¿posee legitimidad de origen y de ejercicio el gobierno de Daniel Ortega Saavedra? Urnas Abiertas, en los informes ya presentados, ha venido registrando una serie de anomalías graves en el proceso electoral 2021, entre ellas, situaciones de violencia política, afectaciones a los derechos humanos y claros atropellos relacionados con justicia electoral.

El actuar represivo del Gobierno de Nicaragua sube de tono durante el contexto electoral a través de la persecución judicial y detenciones arbitrarias contra candidatos presidenciales y líderes opositores, denuncian defensores de derechos humanos durante el evento virtual “Persecución judicial y violaciones de derechos humanos en el contexto electoral”. 

“El propósito del régimen siempre ha sido el mismo, perpetuarse en el poder eliminando todo lo que signifique obstáculo, todo lo que significa riesgo para ellos”, afirmó Vilma Nuñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). A su juicio “más que nuevas formas de represión, hay un incremento notable y gravísimo de la represión dictatorial”

Las condiciones actuales respecto a normativa electoral y derechos humanos no cumplen con los estándares nacionales e internacionales para desarrollar los comicios el próximo 7 de noviembre en Nicaragua, por lo que, realizar un proceso electoral en las circunstancias actuales, desembocaría en un gobierno sin legitimidad de origen nuevamente.


Desde la publicación del calendario electoral el pasado 11 de mayo, se ha profundizado la violencia política ejercida por el Estado de Nicaragua. 225 hechos de violencia política se registraron entre el 1 y el 15 de junio de 2021 en el contexto electoral, según registros de nuestro más reciente informe contra la oposición en Nicaragua”, disponible acá.

La eurodiputada Soraya Rodríguez afirmó que ella junto a otros legisladores promueven una resolución contra el gobierno de Nicaragua ante el Parlamento Europeo. Dicha resolución será presentada en la próxima sesión de la eurocámara, según anunció en su cuenta de Twitter.

“Sigo promoviendo una resolución del Parlamento Europeo para el próximo pleno”, afirmó la legisladora Soraya Rodríguez, del grupo Renew Europe, en un encuentro virtual con el observatorio ciudadano Urnas Abiertas el pasado jueves 24 de junio. La próxima sesión plenaria se celebrará el 5 de julio en Estrasburgo, según el sitio oficial del Parlamento.

Las actividades del calendario electoral, orquestadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE) en Nicaragua, avanzan a costa del arresto de cinco personas precandidatas presidenciales y nueve liderazgos políticos en las últimas semanas, denuncia el observatorio ciudadano Urnas Abiertas en su tercer informe “Radiografía de la persecución judicial contra la oposición de Nicaragua”.