CSE convoca a Elecciones Regionales en un contexto de intimidación e ilegalidad
12 de diciembre de 2023. El día de hoy, con menos de tres meses de anticipación, el Consejo Supremo Electoral (CSE) convocó oficialmente a las 9.ª elecciones regionales de la Costa Caribe 2024.
Urnas Abiertas confirmó que los partidos políticos recibieron la convocatoria y el calendario electoral desde el 8 y el 11 de diciembre, respectivamente, a pesar de que no existiera publicación en el diario oficial.
De acuerdo a la convocatoria, los comicios se tendrán que llevar a cabo el próximo 3 de marzo de 2024, la elección se desarrolla en 30 circunscripciones con el objetivo de elegir a los 45 miembros de cada uno de los dos Consejos Regionales, y posteriormente, seleccionar a lo interno una coordinación regional y una junta directiva, integrada por una presidencia, dos vicepresidencias, dos secretarías y dos vocales, respetando el derecho de representatividad de cada comunidad étnica de la región como dicta la ley.
Esta es la primera vez que las elecciones se convocan con tan poco tiempo de anticipación, desde que se celebraron por primera vez en 1990. En sus últimos cuatro ejercicios fueron convocados entre mayo y agosto del año previo.
Este es el segundo proceso electoral a nivel regional desde el inicio de la crisis sociopolítica de 2018 en Nicaragua (el último fue en 2019). Sin embargo, estas elecciones podrían ser las primeras en donde el Gobierno central obstaculice por completo la participación y representación de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe en sus gobiernos regionales.
Nicaragua es una nación multiétnica, multicultural y multilingüe
Las elecciones regionales son una conquista de la lucha histórica de los pueblos indígenas y afrodescendientes por lograr su autonomía y que esta sea respetada. No obstante, los gobiernos nacionales han mantenido una política institucional de intervención sobre los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de las regiones autónomas, socavando sus derechos civiles y políticos, principalmente el derecho de elegir y ser electo en un proceso democrático.
Desde el retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) al poder (2007) esta política institucional se ha profundizado y conjugado con las aspiraciones del partido de Gobierno por controlar los recursos naturales de la región, para su explotación minera, agrícola, entre otras actividades comerciales ilícitas. Con ese objetivo, el FSLN ha implementado tácticas perversas, represivas y antidemocráticas contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluyendo la cooptación de partidos indígenas, la creación de gobiernos comunales y territoriales paralelos, imposición de concejales, la inacción en la resolución del conflicto territorial y la complicidad en la invasión colonial de territorios ancestrales, impidiendo a las comunidades ejercer su derecho a un proyecto político propio con base en su autonomía regional.
Las Elecciones Regionales 2024 se llevarán a cabo en medio de altos niveles de violencia política, agravamiento de la invasión territorial y la cancelación del partido YATAMA, que para grandes sectores de la población costeña significaba el único instrumento político que representaba sus demandas e intereses.
En marzo del próximo año, el FSLN buscará replicar en la Costa Caribe su modelo de control absoluto, vigente en el pacífico del país, con la lógica de apropiarse de los recursos naturales de las regiones autónomas para garantizar el sostenimiento económico de su “maquinaria autoritaria”.
Antecedentes de las elecciones regionales
Las elecciones regionales siempre han sido un campo de disputa política, solamente en 6 de las 30 circunscripciones el FSLN ha ganado de manera consecutiva desde hace 20 años aproximadamente; YATAMA en 2 y el PLC en 1.
Las otras 21 circunscripciones han mantenido una alternancia debido a que no hay un dominio claro de una sola preferencia electoral. A pesar de ello, a partir del regreso del FSLN al mando del Gobierno nacional, y por ende del control absoluto del CSE por parte del oficialismo, la cantidad de votos adjudicados al partido de Gobierno han incrementado significativamente, especialmente en 2014 y 2019, años donde se denunciaron graves afectaciones a la integridad del proceso electoral.
La participación ciudadana en las elecciones regionales suele ser menor que la registrada para las elecciones nacionales y municipales del pacífico del país. En ambas regiones el porcentaje de participación ha venido decreciendo de un 78.45% en 1990, hasta un 34.88% en el 2019.La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) ha tenido un menor porcentaje de participación que la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN). En 2019, la participación en el norte fue de 37.88% y en el sur de 29.76%. Existe una tendencia de mayor participación en los territorios con mayor población indígena (Waspán y Puerto Cabezas en la RACCN) y afrodescendiente (zona de Garifunas en la RACCS).
Contexto elecciones regionales 2024
En los meses previos a la convocatoria oficial de las elecciones regionales se registraron hechos de violencia política, así como las detenciones arbitrarias de dos diputados del partido indígena YATAMA y la posterior cancelación de la personería jurídica del mismo.
Detenciones arbitrarias de diputados de YATAMA
El viernes 29 de septiembre de 2023, fue detenido Brooklyn Rivera, diputado y líder del partido indígena YATAMA. Meses antes, a Rivera se le prohibió ingresar a Nicaragua, por lo que tuvo que entrar a través de puntos de ingreso no controlados.
El 01 de octubre, se denunció la detención arbitraria de la diputada suplente Nancy Henríquez James, quien también es la representante legal del partido YATAMA y había asumido el escaño de Rivera desde abril que a este se le prohibió el ingreso al país.
En ambas detenciones se registraron acciones arbitrarias e ilegales. El primer índice de ilegalidad se produjo cuando le fue negado el ingreso al país a Rivera. La negativa de ingreso representó en ese momento un claro hecho de violencia política que culminaría hasta el día de su detención, la cual se dio durante un allanamiento policial a su casa de habitación sin una orden judicial.
Por otro lado, se denunció que la detención de la diputada suplente Henríquez fue mediante engaños, pues fue citada por la Policía Nacional para declarar ante la detención de Rivera, siendo detenida en el momento.
Rivera y Henríquez gozaban de inmunidad parlamentaria al momento de su detención y no consta en ningún documento o votación previa de la Asamblea Nacional la desaforación de ambos. En un comunicado con fecha del 30 de septiembre, el partido YATAMA denunció que funcionarios del Parlamento nicaragüense bloquearon las funciones parlamentarias de Rivera sin ninguna causa y procedimiento administrativo o judicial alguno, violentando el artículo 130 de la Constitución Política que establece que “se podrá declarar la privación de inmunidad para diputados con el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional, mientras gocen de inmunidad ningún funcionario podrá ser detenido ni procesado”.
Hasta el 30 de noviembre de 2023, se logró verificar que Nancy Henríquez se encuentra retenida en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres La Esperanza, ubicada en Tipitapa. Henríquez presenta un estado delicado de salud y no ha recibido una atención médica adecuada.
Además, personas allegadas a Henríquez confirmaron que aún no figura en el sitio web oficial del Poder Judicial ninguna acusación o condena en su contra, por lo que permanece detenida ilegalmente.
Brooklyn Rivera por su parte, se encuentra en condición de desaparición forzada,
ya que ni sus familiares, ni abogados defensores, ni ninguna organización de derechos humanos ha logrado verlo desde la fecha que fue detenido. El Ministerio Público y la Policía Nacional tampoco han confirmado su detención.
El 12 de octubre, se anunció que la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, le entregó el escaño de YATAMA a Ana Valeria Rafael Alfred, quien fue presentada en la página web oficial de la Asamblea como “independiente”, ignorando que fue la autoridad electoral quien la proclamó como suplente por parte del oficialista Frente Sandinista.
En 2021, Rafael Alfred fue proclamada por el FSLN como diputada suplente del diputado sandinista Antenor Urbina para la RACCN.
Aunque la ley electoral en su artículo 141 indica el procedimiento para sustituir una diputación ante su falta definitiva, el artículo es ambiguo. Además, tanto la Asamblea como el Consejo Supremo Electoral (CSE) ignoran la ilegalidad y arbitrariedad en las detenciones de Rivera y Henríquez. Es importante señalar que la sustitución de un cargo de voluntad popular mediante acciones nulas e irregulares es una clara violación a los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política respecto a la soberanía nacional.
Cancelación de YATAMA
El 03 de octubre, días después de la detención de los diputados Rivera y Henriquez, el Consejo Supremo Electoral informó la cancelación de la personería jurídica del partido YATAMA.
En la cancelación se violaron las garantías procesales de YATAMA, pues no hay evidencia de procedimiento administrativo que implica permitirle al partido en cuestión su legítima defensa en un término de seis días.
Según la resolución del CSE, se recibió un informe de la Dirección General de Atención a Partidos Políticos, que incluyó la revisión del comunicado del partido el 30 de septiembre, posteriormente la cancelación se ejecutó el 03 de octubre, esta celeridad permite observar la falta del procedimiento administrativo, por tanto afecta de nulidad a esta resolución.
Además, la resolución del CSE no es exhaustiva al explicar en qué consistieron los supuestos “actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación” y cómo estos incidieron verdaderamente en el menoscabo señalado.
Otro punto importante a señalar, es el uso de la Ley 1055 para la cancelación de YATAMA, la cual ha sido suficientemente documentada como parte del marco legal restrictivo y violatorio de derechos humanos del Estado de Nicaragua. Esta ley, como ya ha señalado anteriormente Urnas Abiertas, es anti técnica, proscriptiva e inconstitucional -por las inhibiciones que incorpora-.
Hay que recordar que esta ley fue tramitada con urgencia por los diputados de la bancada del FSLN en receso de la Asamblea Nacional, sin tener facultad para solicitar que una iniciativa de ley se tramite con urgencia, pues según el artículo 141 de la Constitución, solo el Presidente de la República puede promover una iniciativa de ley con trámite de urgencia. El texto de la iniciativa de la ley No. 1055 fue modificado una vez presentado, violentando el procedimiento de formación de ley el cual inicia una vez presentada formalmente la iniciativa de ley, violando el artículo 141 del texto constitucional. Asimismo, esta ley sólo tiene poder inhibitorio (que es inconstitucional) a nivel individual, pero no como causal de cancelación de un partido político.
Consideramos que el fin inhibitorio de esta ley es inconstitucional dado que el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía solamente pueden ser limitados por el propio texto constitucional y nunca por medio de una ley ordinaria como esta. Asimismo, el derecho a elegir y ser electo no puede ser suspendido ni siquiera por el Decreto de Estado de Emergencia de conformidad con el artículo 186 de la Constitución.
El partido YATAMA fue parte de la alianza Unida Nicaragua Triunfa con la que en 2006 el FSLN ganó las elecciones generales, pero la abandonó en 2014, ante la
falta de cumplimiento del oficialismo respecto a los procesos de titulación y saneamiento de territorios ancestrales. Desde entonces, YATAMA ha continuado disputando las elecciones regionales. En las últimas elecciones de la costa Caribe en 2019, YATAMA alcanzó más del 25% de votos en la RACCN y se hizo con 14 concejales en ambas regiones.
Cabe destacar que no es la primera vez que YATAMA es víctima de violaciones a sus derechos políticos. En 2005, la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una sentencia en donde señala que el Estado de Nicaragua había violado los derechos de la agrupación al no permitirles postularse a las elecciones municipales del año 2000 por no estar constituidos como partido político. La sentencia indicó al Estado garantizar instrumentos efectivos para la justicia electoral, y para la participación de pueblos indígenas y afrodescendientes en forma efectiva y tomando en cuenta sus tradiciones, usos y costumbres; sin embargo, esta sentencia todavía no ha sido cumplida plenamente por el Estado.
Violencia política en la Costa Caribe
Se han recibido reportes ciudadanos desde Bluefields, Kukra Hill, Bilwi y Waspán que dan cuenta de diferentes tácticas de violencia política para intimidar a la población de la Costa Caribe durante los meses previos a la convocatoria oficial de las elecciones regionales.
A partir de las detenciones arbitrarias e ilegales de los diputados de YATAMA, se ha reportado un incremento en el asedio policial y la militarización de territorios en la Costa Caribe.
Asimismo, se denunció la detención de religiosos y ex trabajadores del Estado, prohibición de actividades religiosas, el asedio a los domicilios de algunos ciudadanos con intenciones de postularse a los consejos regionales, el uso de medidas cautelares de presentación diaria para intimidar a personas opositoras o percibidas como tales, y la negación de entrega de cédulas de identidad.
En diferentes instituciones del Estado en Bluefields se ha iniciado la recaudación obligatoria para que trabajadores públicos realicen aportaciones económicas para la campaña electoral de 2024. La cuota puede variar, desde 50 hasta 300 córdobas.
A pesar de que se han negado cédulas de identidad a ciudadanos percibidos como opositores, el Ministerio de Educación está utilizando recursos públicos para movilizar a pobladores simpatizantes del oficialismo para que gestionen su documento de identidad. Es obligación del Estado facilitar que todo nicaragüense cuente con dicho documento, incluyendo acciones pertinentes para superar barreras como la distancia o los costos de transporte que se reportan en la Costa Caribe; sin embargo, esto no puede hacerse en dependencia de la postura política de la persona.
También se denunció que oficiales de la Policía Nacional se tomaron la “Casa Verde”, sedes del partido en Bilwi y Waspán; y que TELCOR ordenó el cierre de dos radios comunitarias que pertenecían a la misma organización.