Por: Equipo de Especialistas de Urnas Abiertas 

20 de julio de 2021

La situación actual de Nicaragua, la ruptura del orden democrático, la perpetuidad en el poder de Daniel Ortega y su familia, la cooptación del Estado, la construcción de un sistema de gobierno familiar y los crímenes de lesa humanidad cometidos por quienes ocupan la administración del Estado, solo dan paso a una siguiente reflexión en materia de poder político: ¿posee legitimidad de origen y de ejercicio el gobierno de Daniel Ortega Saavedra? Urnas Abiertas, en los informes ya presentados, ha venido registrando una serie de anomalías graves en el proceso electoral 2021, entre ellas, situaciones de violencia política, afectaciones a los derechos humanos y claros atropellos relacionados con justicia electoral.

En esta oportunidad, se abordarán algunas reflexiones en materia de legitimidad que le brinda una nueva perspectiva al ejercicio del poder de quienes ocupan la dirección del Estado de Nicaragua. Asimismo, a partir de dichas reflexiones conviene desarrollar nuevos cuestionamientos en materia de cómo proceder ante un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad y que va demostrando cada vez menos reconocimiento internacional. 

Desde que asumió las riendas del Poder Ejecutivo -por segunda vez- en el año 2007, la legitimidad del gobierno de Daniel Ortega nunca fue puesta en duda por la comunidad internacional, inclusive cuando manifestó públicamente sus deseos de reelegirse, se hizo de los Poderes Judicial, Legislativo y Electoral, reformó la Constitución Política y elevó a su esposa a la Vicepresidencia. Lamentablemente, la legitimidad del poder no suele ser un tema de discusión en los espacios públicos, ni representa una prioridad, probablemente, por desconocimiento y, en algunos casos, porque persiste el mito de que, con el mantenimiento de la legalidad, están dadas todas las condiciones para el pleno ejercicio del poder. 

No obstante, a pesar de que usualmente se abordan la legalidad y la legitimidad como conceptos separados, para el ejercicio pleno del poder son condiciones ineludibles que dependen de sí recíprocamente. Para desarrollar algunas aproximaciones a los conceptos de legitimidad, se plantea que un gobierno es legítimo cuando cuenta con una aceptación tal por parte de la ciudadanía, que es indiscutido1 . Asimismo, un gobierno legítimo podría ser aquel al que la ciudadanía obedece sin discusión alguna, por medio de un consentimiento incondicional2. Naturalmente, todas las definiciones generan ciertas inquietudes en tanto se complica crear un consenso en torno a ellas, sin embargo, en este sentido, es tan importante definir un concepto de legitimidad, como definir los principios en los cuales se basa.

Entendiendo el poder político como una forma de dominación y no solo de fuerza -desde una perspectiva weberiana- Bertrand Russell propone que, precisamente, el poder que se ejerce sobre seres humanos a través de la organización del Estado es el poder político, cuya regla de ejercicio es el derecho3. Según lo anterior, el poder, por tanto, se convierte en el principal elemento del Estado, dando pie, a su vez, a otro elemento clave: la soberanía. Contextualizando la teoría a la situación crítica del Estado nicaragüense, la actual situación sociopolítica del país comprende dos grandes fracasos relacionados con dichos conceptos. Por una parte, Nicaragua presenta un enorme problema de legitimidad y, por el otro, una grave crisis de soberanía. Esta premisa se desarrollará más adelante.

La legitimidad, al estar más orientada a los niveles de aprobación social y, entre otras cosas, obediencia hacia la entidad gobernante, tiene una perspectiva mucho más interna. Por su parte, la soberanía comprende dos aristas principales: un poder interno sobre la población y un poder externo hacia los demás Estados4. En Kriele, se puede encontrar que “la soberanía del Estado depende de su legitimidad, y la legitimidad fundamenta su soberanía”5, con lo cual se puede determinar, del mismo modo, que un problema de legitimidad no es más que un problema interno de soberanía.

Para Guglielmo Ferrero, la legitimidad presenta una enorme connotación justificatoria del poder del Estado. Él encuentra que la legitimidad es una necesidad porque “entre todas las desigualdades humanas, ninguna es tan importante por sus consecuencias, ni tiene tanta necesidad de justificarse ante la razón, como la establecida por el poder”6. Por esta razón, el autor propone cuatro principios de legitimidad como justificantes del poder: el electivo, el democrático, el aristocrático monárquico y el hereditario7.   

Dichos cuatro principios comprenden un trasfondo histórico que tiene relación tanto con las democracias contemporáneas, como con los regímenes monárquicos europeos de la Edad Media y de hoy en día. Según se analice la naturaleza y el contexto de cada forma de organización política, la legitimidad debería encontrar su base en alguno de estos cuatro principios. Los dos primeros, son el soporte de la legitimidad de los regímenes democráticos basados en la elección de representantes y en la participación ciudadana (entre otros matices) y, los dos últimos, tienen más bien que ver con las formas de sucesión del poder en los regímenes absolutistas y monárquicos.

Para Rousseau, el concepto de legitimidad comprende el eje transversal de su propuesta teórica. Incluso, para López Hernández, no se puede hablar de Contrato Social sin hablar de legitimidad8. De hecho, la legitimidad del Estado propuesta por Rousseau se construye, a su vez, con base en dos grandes principios: la justicia y la libertad, cerrando la ecuación que le otorga a la población el ejercicio de su soberanía, la cual, a su vez, por medio del contrato social define su marco normativo y le otorga a quien ejerce el poder la legitimidad en tanto cumple la voluntad general, que se traduce en el cumplimiento a la ley.  

Siguiendo la línea anterior, la legitimidad puede traducirse en legalidad, debido a que, si el Estado está bien constituido sobre la base de la soberanía popular y considerando que la voluntad del pueblo no se equivoca, las leyes surgidas de ella se convierten en los lineamientos fundamentales del gobierno9. En resumen, bajo esta premisa, si un gobierno cumple las leyes de una sociedad debidamente organizada, se puede decir que dicho gobierno posee legitimidad.

Retomando lo propuesto por Weber sobre el poder visto como una forma de dominación, no se puede perder de vista el factor fuerza. Es decir, la fuerza puede llegar a constituir una forma de hacer efectiva la obediencia, sin embargo, esto no constituye legitimidad, en tanto impide la realización plena de la ciudadanía de sus dos componentes principales: libertad y justicia. La obediencia como tal no constituye una causa de legitimidad, dado que “en ocasiones se obedece por el temor a una determinada sanción, por una costumbre que no se quiere abandonar, un hábito inconsciente y también por una fuerza que se impone”10.

Bermúdez resalta que la fuerza no otorga legitimidad, todo lo contrario, si existe la necesidad de que un gobierno acceda a la fuerza para lograr obediencia ciudadana, probablemente exista un fallo intrínseco de legitimidad11. Las reflexiones teóricas sobre la legitimidad y sus principios son muy diversas. En este escrito se han mencionado algunas referencias para encauzar el debate sobre la legitimidad del poder político en Nicaragua, sin embargo, como ya ha quedado claro, no existe un principio único sobre el cual se fundamente la legitimidad.

Para proceder con el análisis, conviene realizar un par de aclaraciones sobre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen tiene que ver con la forma en que se accede al poder y la legitimidad de ejercicio se trata de la forma en que se ejerce dicho poder. Solo para mencionar algunos ejemplos, un gobierno tiene legitimidad cuando accede al poder de la manera en que previamente se ha acordado, según el régimen social y político. Por otro lado, siendo muy reduccionistas, un gobierno tiene legitimidad de ejercicio cuando es obedecido sin discusiones y porque persiste un grado de confianza social en las autoridades.

En línea con lo anterior, Elías Díaz propone tres tipos de legitimidad para el Estado democrático contemporáneo: 1) la surgida de la legalidad (legitimidad jurídica); 2) la que deriva del reconocimiento (legitimidad social); 3) la que deriva de la justicia de las decisiones del poder político (legitimidad axiológica)12. Ciertamente, a partir de esta propuesta se han desarrollado nuevas discusiones sobre el concepto y los principios de la legitimidad, sin embargo, conviene mencionarlos en este capítulo con el fin de sumar al análisis. 

La legitimidad, por tanto, como ya ha quedado registrado, es uno de los principales elementos del poder político y constituye su razón de ser tanto para la ciudadanía propia del Estado, como para el reconocimiento de los demás Estados. Al haber asumido la dirección del Poder Ejecutivo a través de unas elecciones en el año 2007, según la normativa constitucional y las bases del orden democrático así consensuado socialmente, el gobierno de Daniel Ortega pudo haber presentado todas las condiciones para tener completa legitimidad de origen. Y eso puede entenderse a simple vista, pero, haciendo una revisión de los procesos, podría concluirse lo contrario.

Para lograr ser el ganador de las elecciones en 2006, previamente, Daniel Ortega tuvo que allanar el terreno y calcular fríamente que todas las condiciones le garantizarían el triunfo. Sin embargo, años más tarde, lo conocido popularmente como el “pacto Alemán-Ortega” le pasaría factura a la incipiente democracia nicaragüense, convirtiendo a todo el país en lo que se conoce hoy día. Ortega, gracias al pacto con el expresidente Alemán, imputado por corrupción, lograría, utilizando a su favor el andamiaje institucional, reformar la Ley Electoral permitiendo, entre muchas otras cosas, que ganara sin necesidad de competir en una segunda vuelta y dividiendo a la oposición a través de compraventas y sobornos.

Naturalmente, todo ese proceso de conspiraciones, transacciones políticas y redes de corrupción contravienen lo dispuesto por la legislación nicaragüense como la vía legal y democrática para acceder al poder, restándole hasta el mínimo de legitimidad de origen a su gobierno. Por supuesto, todos los procesos electorales futuros (2008, 2011, 2012, 2016, 2017) también confirman la tesis de que el actual gobierno carece de total legitimidad de origen, partiendo de que -en principio- se reeligió inmediatamente abusando de sus facultades como presidente y utilizando nuevamente las instituciones para consolidar sus intereses personales y políticos.

Sin embargo, en muchas ocasiones, la legitimidad de origen puede considerarse aceptable cuando las acciones de quienes ejercen el liderazgo político coadyuvan al fortalecimiento del consenso social y se orientan a que la ciudadanía se sienta representada y gobernada. Tal es el caso de gobiernos surgidos a partir de procesos revolucionarios, golpes de Estado o juntas de transición como alternativa a regímenes carentes de toda legitimidad. Lamentablemente, este no es el caso del actual gobierno de Nicaragua, dado que, además de haber accedido al poder a través de formas no democráticas y valiéndose de estrategias corruptas, el régimen fue cada vez más en el tiempo ampliando sus márgenes de acción hasta obtener el control total del Estado, por encima de la legalidad.

Para enumerar algunas acciones que deslegitiman el ejercicio del poder político del gobierno de Ortega, podrían mencionarse:

  1. Cooptación del Poder Electora13.
  2. Fraudes electorales14.
  3. Cooptación del Poder Legislativo a través de procesos electorales fraudulentos15.
  4. Cooptación del Poder Judicial16.
  5. Persecución a periodistas, antes y después de 201817.
  6. Reelección presidencial inconstitucional, inmediata e indefinida18.
  7. Construcción de un Estado familiar nepotista19.
  8. Control de la Policía Nacional20.
  9. Control del Ejército de Nicaragua21.
  10. Desviación de fondos cooperación internacional22.
  11. Eliminación de la libertad de cátedra23.
  12. Crímenes de lesa humanidad24.
  13. Persecución política, represión policial y asedio25.
  14. Excesivo uso de la fuerza26.

Toda esta serie de acciones que rompen con el contrato social basado en la definición del Estado como una entidad Social de Derecho, eliminan toda señal de legitimidad, por categoría de ejercicio, en el gobierno de Nicaragua. Asimismo, bajo la lógica propuesta por Rousseau y por los teóricos políticos modernos en la que predominan la libertad y la justicia como condiciones ineludibles para la legitimidad, se comprueba la carencia de legitimidad que, al mismo tiempo, se elimina inmediatamente al no cumplir con los principios fundamentales de legalidad contemplados constitucionalmente.

Serrano Caldera, en su análisis sobre la Legitimidad, Legalidad y Poder en Nicaragua, propone que, “en lo que concierne a Nicaragua, la crisis de la legalidad se ha manifestado en la debilidad de las instituciones y del sistema jurídico, en la separación entre la realidad y la ley, en la trasgresión frecuente de la norma jurídica por el poder y en la utilización de la ley y la manipulación política de un pretendido formalismo jurídico, para realizar intereses personales y de grupos de poder, en detrimento de la sociedad en general”27.

Lo anterior, coincide enteramente con las acciones perpetradas que deslegitiman el ejercicio del poder del régimen de Ortega. Desde hace ya varios años, el sistema jurídico se ha disminuido a otro brazo político más del gobierno, justificando las medidas arbitrarias corruptas a través del uso de los formalismos legales. Hoy en día, en un proceso electoral fraudulento e ilegítimo de origen, el régimen orteguista fundamenta sus acciones en procedimientos legales que carecen de legitimidad, justicia y respeto hacia los Derechos Humanos.

Por tanto, a pesar de que existe una aparente división de Poderes y se desarrollan los procesos políticos según el marco de la ley, los niveles de corrupción son tan elevados que no existe prevalencia de la legalidad y respeto por los principios fundamentales de justicia que deberían regir a una democracia contemporánea. Del mismo modo, existe un grave problema con el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades estatales. Solo en el contexto de las protestas sociales de 2018, fueron registradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 328 víctimas mortales, evidenciando la consolidación de un Estado policial.

Dicho lo anterior, el gobierno de Nicaragua, entonces, carece de legalidad y legitimidad de origen y de ejercicio, lo que pone a Nicaragua en una crisis grave de soberanía. La sociedad nicaragüense no es capaz de participar libremente en un proceso que le permita elegir a sus representantes políticos, definir sus marcos legales y sus normativas internas, ejercer su libre derecho a la libertad de expresión y participar activamente en ningún proceso político que no cuente con la aprobación del gobierno. El régimen nicaragüense, al no contar con legitimidad, no cuenta con el derecho que la ley le confiere de hacer valer la soberanía nacional.

Es fundamental que la comunidad internacional reconozca que el aparato de corrupción política construido por la familia Ortega Murillo para gobernar Nicaragua a partir del uso de la fuerza no posee legitimidad para representar al Estado, de conformidad con los principios de democracia y la normativa internacional pertinente. Asimismo, el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, acusado de crímenes de lesa humanidad no posee facultades para continuar haciendo uso del ejercicio del poder político y debe cesar sus funciones con el fin de devolverle la soberanía nacional al pueblo que demanda elecciones libres y el cese de la violencia estatal.

Para cumplir dicho objetivo, es necesario valerse de uno de los principales recursos internacionales para la resolución de disputas y controversias: el multilateralismo. Desde la fundación de los primeros esfuerzos orientados al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ha sido indispensable contar con la cooperación y los buenos oficios de la comunidad internacional y Nicaragua hoy necesita nuevamente de todos los esfuerzos multilaterales para desconocer a un gobierno ilegal, ilegítimo y criminal.

1 Bermúdez, 1989
2 Ibídem
3 Russell, 1948
4 Hernández, 2009
5 Kriele, 1980
6 Ferrero, 1943
7 Ibídem
8 Hernández, 2009
9 Ibídem
10 Bermúdez, 1989
11 Ibídem
12 Díaz, 1984
13 El 19 Digital, 2021
14 Chamorro, 2016
15 Deutsche Welle, 2016
16 CONNECTAS, 2021
17 Urnas Abiertas, 2021
18 Maldonado, 2014
19 Ramos, 2016
20 Expediente Público, 2020
21 Enríquez, 2021
22 Lawrence, 2019
23 Rothschuh, 2016
24 GIEI, 2018
25 Urnas Abiertas, 2021
26 Urnas Abiertas, 2021
27 Serrano Caldera, 2004

Referencias

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Abiertas, U. (2021). Informe 4. Managua: Urnas Abiertas.

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