¿Por qué observar otras elecciones ilegítimas?
El 8 de noviembre de 2021, el día después que confirmamos, en colaboración con otras organizaciones, la perpetuación del régimen autoritario en Nicaragua a través del fraude electoral fraguado, nos preguntamos desde Urnas Abiertas ¿qué sigue?
Aunque los altos niveles de abstencionismo fueron un posicionamiento político en sí mismo, y cuando la adrenalina del arduo trabajo realizado todavía corría en nuestros cuerpos también nos encontramos con más dudas que respuestas y no podíamos evitar sentir cierto hilo de desesperanza respecto a lo que venía para la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.
Mucho ha pasado desde noviembre, pero la pregunta no ha dejado de estar presente en cada uno de nuestros espacios de trabajo. Nos volvimos a encontrar en el territorio, en la escucha, en el diálogo y poco a poco fuimos encontrando algunas respuestas a nuestras preguntas.
Este año, de elecciones municipales, partimos de la premisa que cualquier proceso gestionado por el Consejo Supremo Electoral (CSE) que fraguó el fraude de 2021 va a carecer de la legitimidad de origen que exigen los principios democráticos, sin embargo, a nivel local también reconocemos que existen relaciones de poder, redes de corrupción y otras dinámicas que merecen ser fiscalizadas, documentadas y denunciadas.
El acceso a servicios públicos, programas sociales y proyectos de infraestructura que garantizan condiciones de vida digna dependen en su mayoría del trabajo de las municipalidades y del impuesto de los ciudadanos, un poder local cooptado por actores ajenos a la voluntad ciudadana de la propia localidad y corrupto es incapaz de responder a las demandas ciudadanas.
Mucho ha pasado desde noviembre, estuvimos en las elecciones generales de Costa Rica, y sin pretender hacer un análisis comparado riguroso, pudimos observar varias similitudes en cuanto a la normativa electoral de ambos países, y cuyas principales diferencias descansaban en la voluntad de respetar la institucionalidad democrática que en ese país ha dejado como resultado confianza en la administración electoral y procesos técnicos electorales sólidos, lo que en Nicaragua no existe.
En la primera quincena de mayo el Consejo Supremo Electoral (CSE) debió de publicar la convocatoria oficial a las elecciones municipales que se llevarán a cabo el 6 de noviembre de 2021, y en donde se pretende a elegir a 153 alcaldes/alcaldesas con sus vicealcaldes/vicealcaldesas y a más de 6 mil concejales y concejalas. Sin embargo, al cierre de este editorial todavía estas elecciones no habían sido oficialmente convocadas. El atraso en la publicación de la convocatoria y el calendario electoral, así como la disminución de tiempos que se realizó en las reformas de este mes, apuntan a que el gobierno busca un proceso exprés sin posibilidad de organización, participación y fiscalización ciudadana.
Sin un cambio verdadero en las condiciones democráticas que impliquen el levantamiento del estado policial, el cese de la represión, la recuperación de las libertades fundamentales y la liberación de las personas presas políticas no se puede pretender ni esperar que el proceso electoral municipal sea íntegro, libre y creíble.
En las elecciones generales de 2021 documentamos 2.031 reportes de anomalías y violencia política provenientes del 84% de los municipios del país, que nos permitió concluir que de manera generalizada las elecciones se dieron bajo un absoluto control policial y paramilitar, coaccionando el voto a través de acciones represivas y usando los recursos públicos con fines partidarios, lo que además constituye un delito electoral.
En ese mismo informe indicamos que las Alcaldías locales fueron las instituciones que más vehículos pusieron a disposición para el traslado de votantes y simpatizantes del FSLN, seguidos por el Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el Ministerio de Educación, evidenciando de esta manera la acción coordinada que existe entre todas las instituciones públicas y el Ejecutivo. Ejemplo de ello son las sanciones impuestas a tres alcaldes por su vinculación a las graves violaciones de Derechos Humanos que se dieron en Nicaragua a partir de 2018: Sadrach Zeledón (Matagalpa), Leónidas Centeno (Jinotega) y Francisco Valenzuela (Estelí).
Es por esto que podemos decir que las autoridades locales no están aisladas, sino más bien son parte de la estrategia represiva del régimen nicaragüense, no es en vano que el primer golpe mortal que el gobierno de Daniel Ortega le dio a la institucionalidad democrática, una vez que regresó al poder, fue el fraude que le permitió apoderarse del 72% de las alcaldías disputadas en 2008, un hecho sin precedentes en el país.
Las últimas elecciones municipales de 2017 dejaron como saldo la muerte de 5 personas, incluyendo a familiares de candidatos a alcaldes/alcaldesas, simpatizantes de partidos opositores y funcionarios electorales de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). Asimismo la Organización de Estados Americanos (OEA) documentó más de 200 denuncias en lo que fue su última Misión de Observación Electoral en el país.
Según diferentes organizaciones de la sociedad civil para esas elecciones se registraron niveles de abstencionismo cerca del 70%, lo que ya mostraba la poca credibilidad que existía sobre la administración electoral, credibilidad que solamente continuó decreciendo y que generó que 8 de cada 10 nicaragüenses habilitados para votar en 2021 prefirieran quedarse en casa en rechazo al proceso ilegítimo. Así comprobaron las redes ciudadanas que se movilizaron de manera clandestina junto a Urnas Abiertas el pasado 7 de noviembre.
Por eso, a la pregunta que nos hicimos el 8 de noviembre, respondemos que sigue el compromiso de fiscalizar, documentar y evidenciar las anomalías y la ausencia de condiciones democráticas, de seguir exigiendo un proceso electoral íntegro y creíble, de seguir construyendo ciudadanía a través de los procesos de observación, de seguir trabajando en colaboración con las redes ciudadanas, pero sobre todo de seguir siendo testigo la resistencia cívica que se demuestra en la abstención y en la fiscalización. Por eso, hoy les decimos que aquí seguimos para continuar contándole al mundo lo que pasa en Nicaragua junto a todas y todos ustedes.
La observación ciudadana del proceso electoral de 2022 estará enfocada en documentar las condiciones habilitantes para el sufragio, también en indagar el tipo y nivel de control que tiene el Ejecutivo sobre los poderes locales y en evaluar la transparencia de la gestión municipal y cómo esto impacta en las condiciones de vida de las y los nicaragüenses.
Desde Urnas Abiertas, estamos conscientes que la democracia representativa no resolverá todos los problemas estructurales que existen en Nicaragua, también tenemos la certeza de que las dicotomías entre “democracia versus dictadura” se vuelven limitadas cuando se trata de hablar de derechos, inclusividad y justicia social, sin embargo creemos que siendo el voto el mecanismo más popular de la democracia es imperativo defenderlo porque es de esa manera que se empieza a construir una democracia que allane el camino hacia la dignidad.