Managua, Nicaragua, 21 de marzo de 2022. Luego de realizadas las ilegítimas elecciones en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo condenó con hasta 9 y 13 años de prisión a las siete personas que presentaron su precandidatura presidencial para las Elecciones Generales del 7 de noviembre pasado, todas arrestadas entre junio y julio de 2021. Después de ocho meses de supuesta investigación, la Fiscalía los declaró culpables por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad.
La declaración de culpabilidad contra los siete rivales que pretendían hacerle frente a Ortega y Murillo es la consumación de la persecución y judicialización política contra todo liderazgo o fuerza opositora que aspiraba disputar el poder a través del voto. Proceso represivo que Urnas Abiertas, y otras organizaciones, han venido advirtiendo desde el año 2021.
Dicha fase se enmarcó durante el período electoralde 2021, cuando inició el arresto contra liderazgos opositores, la aprobación de cuatro leyes restrictivas, cancelación de organizaciones no gubernamentales y la cancelación de tres partidos políticos, acciones que tenían por objetivo eliminar la competencia electoral.
Condenas: irregulares e inconstitucionales
Los procesos y leyes utilizadas para la judicialización de estas siete personas son ambiguas, irregulares e inconstitucionales. El Gobierno de Nicaragua está ejerciendo el poder punitivo del Estado, de manera desproporcionada, violentando las normas, garantías y derechos procesales de las personas detenidas. Este ejercicio punitivo del Estado evidencia el estado policíaco y el ilegal retroceso del sistema procesal penal, que responde al sistema de justicia criminal inquisitivo que había sido superado en el país en 2001, cuando se asumió un sistema acusatorio y garantista de las libertades fundamentales de la persona acusada.
En estos casos, al igual que en los de las más de 170 personas detenidas por razones políticas, se evidencia la complicidad del Sistema de Justicia Penal, el Ministerio Público y la Policía Nacional para perseguir y criminalizar a las personas opositoras, todo orquestado desde el Poder Ejecutivo. A través de la colusión entre estas instituciones se cercena la función judicial e imparcial, para asumir fines extrajudiciales, características principales de la persecución judicial o lawfare.
Desde el arresto de las siete personas precandidatas ha persistido una serie de violaciones al debido proceso y otras irregularidades, entre las que se destacan:
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- Detenciones arbitrarias sin oportuno control judicial
- Allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación de bienes
- Prolongación de prisión preventiva superior a los 90 días, amparados en la reforma al Código Procesal Penal, como una medida punitiva “disciplinadora” y no porque existan verdaderos indicios de que la persona investigada pueda obstruir el proceso
- Juicios con causas judiciales y pruebas sin fundamentación sólida
- Violación a la presunción de inocencia
- Incumplimiento y rechazo de los recursos de exhibición personal, impidiendo de esta manera acceder a la información necesaria para revisar la legalidad de la detención y evitando que se verifique el estado de las personas detenidas
- Prohibición de las personas detenidas de comunicarse con sus abogados antes o durante el juicio
- Violación a la publicidad de audiencias
- El derecho a ser juzgados por jueces imparciales
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Se observó en los juicios una valoración irrazonable de las pruebas, entre algunas de las que se presentaron están: participación en grupos de Whatsapp, entrevistas de hasta 5 años de antigüedad, fotografías y publicaciones en redes sociales; así como elementos de los que no se estableció vínculo con los supuestos delitos imputados (celular, pasaporte, computadora).
Las audiencias de los siete aspirantes presidenciales se han realizado en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote, y no en Complejo Judicial Managua, violando lo establecido en el artículo 121 del Código Procesal Penal de Nicaragua que establece la sede de los tribunales.
A continuación se abordan brevemente las violaciones observadas a las y los presos por razones políticas en sus debidos procesos:
Cristiana Chamorro. Periodista y defensora de las libertades públicas. Era la aspirante presidencial con mayor respaldo ciudadano según las encuestas. El 2 junio de 2021, el Ministerio Público ordenó un allanamiento en la casa de Cristiana Chamorro y luego su arresto domiciliario. Está incomunicada, ocasionalmente tiene permitido ver a sus hijos e hijas en horarios limitados. Ha tenido contacto con su defensa una ocasión y no se ha permitido a sus defensores el acceso a su expediente.
El viernes 11 de marzo del 2022 fue declarada culpable por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica y fue condenada a 8 años de cárcel y una multa equivalente a tres veces el monto supuestamente lavado. Según la Fiscalía, Chamorro operó a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), una organización que promovía la libertad de prensa en Nicaragua mediante fondos recibido de organizaciones internacionales, entre ellas la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) la cual ha negado malversación alguna en el uso de sus fondos. Chamorro fue directiva de la FVBCh enero de 2021.
Su juicio duró siete días, fue realizado sin acceso a la prensa ni al público en El Chipote, como parte del mismo fue inhabilitada para ejercer cargos públicos. La lectura de la sentencia se realizó este 21 de marzo. Se mantiene su arresto domiciliario. Su juicio estuvo a cargo del juez Luden Martín Quiroz García, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua
En el juicio la Fiscalía no logró presentar pruebas que demostrara la acusación por lavado de dinero. La defensa carece de una versión de la investigación de peritos. Los testigo interrogados admitieron que no conocían por qué se acusaba a los detenidos. Testigos: periodista oficialista; Franya Urey Blandón, Directora del Departamento Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob); Luis Carlos Hernández Mendoza, analista financiero de la misma institución.
Durante el juicio su defensa fue impedida de acceder con celular y cualquier otro equipo electrónico que le permitieran ejercer de manera óptima su cometido; a diferencia de la defensa las autoridades judiciales contaban con todos los dispositivos electrónicos posibles y establecieron conexión con personas del exterior durante la sesión.
Desde su arresto, la defensa ha solicitado revisiones médicas ante situaciones especiales de salud o visitas con sus familiares, pero la mayoría de estas han sido negadas o han carecido de respuesta alguna por parte de los jueces.
Félix Maradiaga. Académico y activista político. El 8 de junio de 2021, Félix Maradiaga fue arrestado después de acudir a una citatoria en la Fiscalía; ese mismo día le informaron que habían abierto una investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”. Previo a su detención grabó un video para manifestar su compromiso por el país y para expresar sus sospechas de arresto.
Después de haber sido suspendido en tres ocasiones, el juicio se desarrolló el día 23 de febrero del 2022, y fue declarado culpable del supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”. Se le impuso una condena de 13 años de prisión y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. El juicio duró siete días y fue realizado sin acceso a la prensa ni al público en El Chipote, la sentencia fue leída el 03 de marzo del 2022. El juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, encargado del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicios de Managua, dictó sentencia condenatoria de cárcel.
La Fiscalía presentó como testigos a 27 agentes de la Policía Nacional y las pruebas que se presentaron en su contra fueron su participación en un grupo de WhatsApp y entrevistas que brindó a medios de comunicación. Según sus defensores, durante el juicio se cometieron 35 violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El día del juicio fue impedido de cualquier comunicación con su abogado.
Desde su detención ha tenido cuatro abogados: uno detenido arbitrariamente, dos que salir al exilio y uno que conoció el mismo día que lo declararon culpable. Ha sido sometido a torturas psicológicas y tratos inhumanos. Está recluido en una celda junto a otro preso político y es obligado a permanecer en silencio. Eventualmente tiene autorizado recibir visita de su hermana.
Su esposa Berta Valle fue acusada como “traidora de la patria” por pedir su libertad en escenarios internacionales.
Juan Sebastián Chamorro. Economista, empresario y político. Fue detenido en su vivienda durante un allanamiento el 8 de junio de 2021. Previo a su detención grabó un video para manifestar su compromiso por el país y para expresar sus sospechas de arresto.
Pese a que su juicio fue suspendido hasta en tres ocasiones, Juan Sebastián Chamorro fue declarado culpable el mismo día de su cumpleaños, el 23 de febrero de 2022, por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”.
Se le impuso una condena de 13 años de prisión y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. El juicio duró siete días y fue realizado sin acceso a la prensa ni al público en El Chipote. La sentencia fue leída el 03 de marzo del 2022. El juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, encargado del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicios de Managua, dictó sentencia condenatoria de cárcel.
La Fiscalía presentó como testigos a 27 agentes de la Policía Nacional y las pruebas que se presentaron en su contra fueron su participación en un grupo de WhatsApp y entrevistas que brindó a medios de comunicación. Además de un celular ocupado durante el allanamiento a su vivienda. Según sus defensores, durante el juicio se cometieron 35 violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El día del juicio fue impedido de cualquier comunicación con su abogado.
Desde su arresto ha sido sometido a torturas psicológicas y tratos inhumanos. Está recluido en una celda junto a otros presos políticos y es obligado a permanecer en silencio. Eventualmente tiene autorizado recibir visitas familiares. No se le ha permitido ni carta, ni llamada telefónica, ni foto de su esposa, Victoria Cárdenas, quien fue acusada como “traidora de la patria” por pedir la libertad de Chamorro en escenarios internacionales.
Miguel Mora. El periodista y empresario. Miguel Mora fue arrestado en su domicilio el 20 de junio del 2021. El 4 de febrero del 2022 fue declarado culpable por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad” y condenado a 13 años de cárcel. Desde su arresto ha sido sometido a torturas psicológicas y tratos inhumanos. Está recluido en una celda junto a otros presos políticos. Eventualmente tiene autorizado recibir visitas familiares.
Este es el segundo encarcelamiento desde el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua. La primera vez fue capturado el 21 de diciembre de 2018 hasta junio de 2019, cuando fue liberado por medio de una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.
En diciembre de 2018, el régimen confiscó sus equipos, la frecuencia e instalaciones de su canal 100% Noticias.
El juicio duró siete días y fue realizado sin acceso a la prensa ni al público en El Chipote. La sentencia fue leída el 09 de febrero del 2022 y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. La jueza Nadia Tardencilla dictó sentencia condenatoria de cárcel.
Las pruebas que la Fiscalía presentó contra Mora son publicaciones del periodista en la red social Twitter. También, de un archivo audiovisual que contiene el extracto de una entrevista que brindó el periodista en 2018, según familiares, dicho archivo fue manipulado. Los represententes del Ministerio Público presentaron pruebas (pasaporte, celular y computadora), sin que lograran explicar su relación con el supuesto delito de conspiración.
Los testigos presentados fueron cuatro policías: uno que estuvo presente en el allanamiento, otro que redactó la orden de captura y el supuesto detective que hizo el monitoreo de las cuentas de redes sociales de Mora.
La jueza Nadia Tardencilla ordenó que los bienes ocupados a Mora (un iPhone, un celular Samsung, una computadora Apple) sean asignados a la Policía para “fortalecer la labor de dicha institución”.
Medardo Mairena. Agricultor y líder campesino. Fue detenido el 5 de julio de 2021 junto a otros tres dirigentes rurales: Pedro Mena, Freddy Navas y Pablo Morales (liberado posteriormente).
El 9 de febrero del 2022 fue declarado culpable de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y condenado a 13 años de cárcel. El juicio duró siete días y fue realizado sin acceso a los medios de comunicación, ni al público en El Chipote. La sentencia fue leída el 19 de febrero del 2022 y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. El juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, encargado del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicios de Managua, dictó sentencia condenatoria de cárcel.
La fiscalía presentó como pruebas una fotografía donde Mairena se muestra junto al embajador de Estados Unidos Kevin Sullivan, videos donde solicita sanciones internacionales y capturas de publicaciones en redes sociales donde pide respeto a los derechos humanos. Previo a su detención grabó un audio para manifestar su compromiso por el país y para expresar sus sospechas de arresto.
Desde su arresto ha sido sometido a torturas psicológicas y tratos inhumanos. Está recluido en una celda junto a otros presos políticos. Eventualmente tiene autorizado recibir visitas familiares.
Este es el segundo encarcelamiento desde el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua. La primera vez fue capturado el 13 de julio de 2018 y liberado el 11 junio de 2019 bajo una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. En esa ocasión fue condenado a 216 años de cárcel por “terrorismo” y “romper el orden constitucional”.
Arturo Cruz. Académico y diplomático. Fue arrestado en el Aeropuerto Augusto César Sandino el 5 de junio de 2021 tras regresar de una gira por Estados Unidos. El Ministerio Público informó que el exembajador Arturo Cruz había sido detenido por infringir la Ley 1055 “de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación”.
El 19 de febrero de 2022 fue beneficiado con el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a casa por cárcel por presentar problemas de salud.
Su juicio fue suspendido hasta en tres ocasiones, pero el 23 de febrero del 2022 fue declarado culpable del supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad” y condenado a 9 años de prisión.
El juicio duró siete días y fue realizado sin acceso a la prensa ni al público en El Chipote. La sentencia fue leída el 3 de marzo del 2022 y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. El juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, encargado del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicios de Managua, dictó sentencia condenatoria de cárcel.
Noel Vidaurre. El sábado 24 de julio la policía nacional informó que el opositor Noel José Vidaurre Argüello, de 66 años, había sido puesto bajo custodia policial para ser investigado por supuesta traición a la patria. Ese mismo día, Vidaurre asistió a un interrogatorio ante el Ministerio Público. Se encuentra privado de libertad bajo el régimen de arresto domiciliario.
El 25 de febrero del 2022 fue declarado culpable de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y condenado a 9 años de prisión. La jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva, del juzgado Décimo Tercero de Managua, dictó sentencia condenatoria de cárcel.
De acuerdo a una publicación de Confidencial “las pruebas claves que presentó la Fiscalía contra Vidaurre fueron tres videos: el primero, una entrevista con el periodista internacional Jaime Baily, en febrero de 2020; la segunda, otra entrevista con Jaime Arellano para abordar el contexto del país y relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Argentina; y la tercera data de 2017, con un medio centroamericano, en la que el político conservador expuso sus aspiraciones presidenciales de cara a 2021”. Además seis fueron presentados como testigos.
El juicio fue realizado sin acceso a la prensa ni al público en El Chipote. La sentencia fue leída el 7 de marzo del 2022 y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Candidatos de la tercera edad
Del grupo de precandidatos hay 2 de la tercera edad. Se trata de Arturo Cruz, de 68 años, y Noel Vidaurre, de 66 años, que se encuentran encerrados tras las celdas. De acuerdo a la Ley del Adulto Mayor, aplicada a personas mayores de 60, se debe garantizar “un proceso sencillo, con prelación, celeridad, gratuidad, inmediatez, con las debidas garantías procesales, que le ampare contra actos que violen o puedan violar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.