Editorial, Octubre 2022
La corrupción ha estado intrínsecamente ligada a la historia política de Nicaragua desde su fundación. Los Estados que se fundaron después de la “independencia” han demostrado su tendencia a ser corruptos e inestables políticamente. En América Latina y los países independientes del Caribe, el fin del orden colonial no trajo consigo una transición hacia estructuras o dinámicas sociopolíticas más democráticas, equitativas o participativas. En cambio, las élites criollas se aseguraron el poder para resguardar sus privilegios, como consecuencia se constituyeron sistemas políticos jerarquizados en base a la raza, la clase social y el género.
Una grave consecuencia de esto es la cultura de corrupción normalizada en las gestiones de la política institucional. El pacto entre Alemán y Ortega es muestra clara de cómo dos líderes políticos hicieron uso de su poder para reformular la Constitución y el ordenamiento jurídico según sus intereses, por encima del bienestar democrático de la Nación o de la opinión de todo un pueblo. Este pacto liberosandinista permitió la creación de una nueva élite política y económica, así como el fortalecimiento del entramado corrupto sobre el cual se sostiene la dictadura.
El clientelismo es pilar fundamental en el quehacer político nacional, más allá de corrientes ideológicas, y configura un modelo de participación utilitarista, donde los miembros y simpatizantes de partidos o estructuras sobreponen los intereses de los grupos en el poder, sobre el bienestar de sus comunidades a cambio de beneficios económicos o posiciones de influencia, dejando como resultado individuos con altas cuotas de poder, en las estructuras nacionales, regionales, municipales y locales, que facilitan la funcionalidad del autoritarismo y la corrupción en el Estado.
El FSLN hace mucho tiempo se convirtió en una organización corporativista donde cuyos miembros intercambian beneficios, su cohesión no se mantiene por ideología sino por transacciones políticas, económicas y un alto grado de impunidad
En las instituciones del Estado, complementamente cooptadas por el oficialismo, encontramos un grupo de trabajadores públicos que están lejos de cumplir su función social, y que por el contrario son leales a un régimen que les permite malversar fondos, amasar y blanquear capital, construir redes de nepotismo y aprovecharse de su influencia para beneficio propio a cambio de proteger el poder político de la dinastía Ortega Murillo. Funcionarios que en épocas electorales salen a realizar promesas que no terminan cumpliendo bajo el amparo de un partido que no les exigirá rendiciones de cuenta, siempre y cuando obedezcan fielmente, pero en caso de no hacerlo terminarán destituidos, condenados o relegados.
Lamentablemente este daño irremediable a la cultura política permea y avanza incluso fuera de las estructuras partidarias del sandinismo, y se valida como un sistema perverso pero eficaz para construir alianzas, el ejemplo más claro son los partidos colaboracionistas y los camaleones de la política que por un trozo muy pequeño del pastel intentan dotar de normalidad al régimen.
En nuestro último informe sobre transparencia damos cuenta de cómo vivimos los niveles más altos de corrupción de nuestra historia reciente. El actual CPI (Índice de Percepción de Corrupción) les asignó 20 puntos a Nicaragua, la puntuación más baja que ha tenido en la historia. Ocupa la posición No. 164 de 180 países. Nicaragua es el segundo país más corrupto de la región latinoamericana, solo superado por Venezuela (14 puntos en 2021).
A este punto se evidencia que la corrupción se ha establecido como dinámica por excelencia de la política institucional en los últimos dos siglos. Por tanto, no es que la corrupción sea un problema o falla del sistema, parece ser más bien que la corrupción es el actual sistema político nicaragüense.
Por eso, una Nicaragua nueva también requiere como pilar fundacional una fuerte lucha contra las redes corrupción que han saqueado y capturado el país. Para esto se necesita apoyo de la comunidad internacional, como fue el caso de Guatemala, así como operadores de justicia honestos e independientes, pero lo más importante es una ciudadanía activa que se apropie y defienda la lucha contra la impunidad como uno de los fundamentos para mejorar el bienestar común.
El seis de noviembre autoridades corruptas se van a apoderar otra vez de los gobiernos locales, accederán a los recursos que nos pertenecen a la población nicaragüense y profundizarán sus redes clientelares y de corrupción, dañando cada vez más el tejido social y la calidad de vida de todas las personas, lo harán con la complicidad de las instituciones del Estado y con la aprobación de Ortega y Murillo, como ciudadanía organizada, al igual que hoy, acá seguiremos para denunciar y luchar por el desmantelamiento de la corrupción y la impunidad.