Sesión ordinaria en la Asamblea Nacional para aprobación de reformas electorales y elección de magistrados del CSE. Foto: Walkiria Chavarría / Vos TV.
El 4 de mayo en una extensa sesión ordinaria se aprobó la reforma electoral para los comicios de noviembre de 2021, una reforma totalmente contraria a las demandas de la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional.
La reforma aumentó las causales para inhibir a partidos y candidaturas, además habilitó más poderes a la Policía Nacional y restringió las libertades de asociación, reunión, manifestación y opinión. La reforma fue aprobada con 85 votos a favor, proveniente de diputados del FSLN y sus aliados en la Asamblea Nacional.
El mismo día, la Asamblea Nacional realizó la elección de 7 magistrados propietarios y 3 suplentes del Consejo Supremo Electoral (CSE). Las y los magistrados electos son militantes del FSLN y otros señalados de colaboracionistas con el partido de gobierno. La votación fue realizada con el respaldo de 70 votos de diputados del FSLN y sus aliados en la Asamblea Nacional
Cristiana Chamorro a su salida de una cita en el Ministerio Público luego de ser acusada de lavado de dinero. Foto: Carlos Herrera / Divergentes
El 28 de mayo fueron arrestados de forma arbitraria dos ex funcionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, se trata de Walter Antonio Gómez Silva, Administrador Financiero de la Fundación y Marco Antonio Fletes Casco, Contador General de la Fundación, quienes también habían citado el 20 de mayo junto a Cristiana Chamorro.
De izquierda a derecha: Ana Vigil, Dora María Téllez, Hugo Torres, Suyen Barahona, Victor Hugo Tinoco, todos miembros de UNAMOS y arrestados. Foto: Artículo 66.
Entre el 12 y el 13 de junio, los principales liderazgos del partido político UNAMOS son detenidos arbitrariamente, entre ellas 3 precandidatas a diputadas por la Unidad Nacional: Tamara Dávila, Ana Vijil y Suyen Barahona.
Antimotines con armas de fuego dentro de los Centros de Votación durante la jornada de verificación ciudadana. Foto: Urnas Abiertas
El 24 y 25 de julio se desarrolló la Jornada de Verificación Ciudadana entre la confusión generada por la eliminación de más de 1.100 CV, bajo un absoluto control partidario del FSLN, sin mecanismos uniformes ni homogéneos para la verificación, y sin las medidas adecuadas para prevenir la COVID-19.
Kitty Monterrey a su salida del CSE luego de haber inscrito la Alianza Ciudadana por la Libertad (ACxL). Foto: Carlos Herrera / El País
El 6 de agosto el CSE canceló la personalidad jurídica del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) luego que la Presidenta y Representante Legal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) María Haydée Ozuna Ruiz denunció a este partido político “por graves violaciones a la Ley Electoral” y otras normas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional. El Consejo Supremo Electoral (CSE) también suspendió la cédula y nacionalidad de Kitty Monterrey, presidenta de CxL.
Patrullas de la Policía Nacional y Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) durante el allanamiento de La Prensa. Foto: EFE
El 13 de agosto se llevó a cabo el allanamiento ilegal a las instalaciones del diario La Prensa, bajo la excusa de una acusación de defraudación aduanera y lavado de dinero. Después de meses de que el gobierno obstaculizara la importación de papel para la rotativa. Al día siguiente, en la madrugada, fue arrestado el gerente general de LP, Juan Lorenzo Holmann
De izquierda a derecha, arriba: Manuel Orozco, José Pallais, Félix Maradiaga y José Adán Aguerri. De izquierda a derecha, abajo: Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Violeta Granera y Tamara Dávila. Foto: Café con Voz.
El 26 de agosto la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, canceló las personerías jurídicas de 15 ONGs, que incluye organizaciones feministas, de derechos humanos, de desarrollo social y local. Un total de 55 organizaciones han sido canceladas hasta este momento. Ese día también se presentó acusación por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” contra 8 personas opositoras, incluyendo a 3 precandidatos presidenciales: Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, 2 precandidatas a diputadas: Violeta Grandera y Tamara Dávila, y otros 3 opositores: José Adán Aguerri, José Pallais y Manuel Orozco.
Desde junio una centena de personas han sido citadas a la fiscalía, principalmente periodistas, como estrategia de intimidación. La violencia política y la persecución judicial ha generado una nueva ola de desplazamiento y migración forzada, y también un absoluto rechazo internacional al gobierno de Nicaragua. La estrategia represiva ha tenido por objetivo eliminar la competencia electoral, utilizando especialmente el derecho penal del enemigo; esta situación desemboca en un proceso sin condiciones mínimas para ser justo, creíble, legítimo, transparente y libre.