10 de julio de 2023. Hace seis meses tomaron el poder 153 alcaldes oficialistas, después de unas elecciones donde el FSLN consolidó su escalada totalitaria. Este primer semestre -de ocho que tienen que cumplir- estuvo marcado por el hermetismo en la gestión de las alcaldías.
Al igual que en otras instituciones como el Poder Judicial y la Policía Nacional, las destituciones también llegaron hasta los recién electos alcaldes y vicealcaldes, muchos de ellos echados bajo sigilo. Los 153 alcaldes y vicealcaldes en Nicaragua fueron impuestos en las fraudulentas elecciones municipales del pasado noviembre 2022 en las que Urnas Abiertas documentó una participación de apenas el 17.33% y abstencionismo del 82.67%.
La promoción de algunos operarios generó molestias y críticas dentro de la militancia sandinista desde antes de realizarse los comicios. Sin embargo, el patronazgo y el nepotismo para designar a funcionarios públicos ha sido una práctica recurrente dentro del oficialismo, denunciamos en nuestro libro “Fiscalizando el Poder Local”. Hasta el 10 de enero de 2023, día de la juramentación de los ediles ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), esto parecía no afectar.
El primero en ser despojado de su despacho municipal fue Jaime Aráuz, ex alcalde de El Tuma-La Dalia, en Matagalpa, fue destituido de su cargo a tan solo 9 días de haber tomado posesión, el 19 de enero de 2023, y luego de haber estado en el cargo por más de 22 años. A través de la intervención del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) destituyó al funcionario sandinista y en su lugar ubicó a la vice alcaldesa, Francis Lucila Tórrez.
Extraoficialmente se conoció que el ex edil enfrentaría un proceso de “investigación y auditoría’’ para “conocer los recursos que utilizó para adquirir los bienes que posee, entre ellos una gasolinera de la zona”. Dos días después, Aráuz en declaraciones públicas a una radio local manifestó haberse retirado del cargo “por una enfermedad cardíaca”. Sin embargo, las redes ciudadanas de la zona apuntaron que “la población de la localidad lo señaló de manejos poco transparentes en su gestión”.
El 9 de marzo, el Consejo Municipal de Granada aceptó la renuncia de Pedro Vargas, ex alcalde de este municipio, quien argumentó que abandonaba su cargo por “razones de salud”. Una fuente del mismo partido, dijo que fue obligado a dejar el cargo pues su figura era decorativa y quien se ocupaba de tareas administrativas y tenía un papel protagónico en los eventos de la comuna era su entonces vicealcalde Rosario Caldera, quien fue nombrada su reemplazo.
Lesbia Triminio, ex alcaldesa de Ciudad Darío, Matagalpa, también fue destituida a inicios de junio junto a su vicealcalde Donald de la Cruz Treminio por señalamientos de supuesta corrupción, nepotismo y malversación de fondos. Según fuentes periodísticas, se señala que la ex alcaldesa pudo haber malversado hasta 40 millones de córdobas.
Tras su expulsión de la comuna hubo confusión sobre el paradero de la ex alcaldesa, pues fuentes locales indicaron que pocos días después de haber sido removida de su cargo, Treminio fue llevada a las instalaciones de Auxilio Judicial conocidas como “El Chipote” ubicadas en Managua y posteriormente liberada. En su lugar fue ubicada la maestra y concejal sandinista, Maritza Eleonora Ruiz Matamoros, y como vice alcalde a Arsenio Rayo Flores, también concejal y férreo defensor de Ortega.
Hasta ahora se han confirmado 3 alcaldes y 1 vicealcalde destituidos en el primer semestre de 2023. Estas destituciones en total hermetismo y sin respetar los procesos administrativos indicados han sido una práctica común del gobierno central, y es una de las tantas formas en que se expresa la destrucción completa de la autonomía municipal. En el caso de las alcaldías, todas señalan al Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) como los operadores de estas arbitrariedades. INIFOM según la Ley 290 es un ente administrativamente descentralizado que opera bajo la rectoría de la Presidencia, actualmente su director general es Iván Lacayo y la “codirectora” es Eliette Esquivel.
Esta institución se dedicó a perseguir, hostigar e intervenir alcaldías opositoras de los extintos partidos CxL y Partido Liberal Independiente (PLI) entre 2016-2022, y ahora ejecuta las órdenes de la Presidencia para perseguir a ediles sandinistas que están en la mira del oficialismo, como el exalcalde de Rivas, Wilfredo López.
Es importante señalar que desde Urnas Abiertas hemos recibido de manera constante denuncias sobre actos de corrupción cometidos en diferentes alcaldías, que incluyen malversación de fondos, tráfico de influencias, nepotismo, entre otros. Sin embargo, la información pública de la Contraloría General de la República (CGR) demuestra que no se están siguiendo los mecanismos institucionalizados para prevenir, perseguir y castigar la corrupción. Por el contrario, destituciones como estas solamente demuestran que el gobierno central mueve a conveniencia a los operadores políticos locales, sin una verdadera vocación de defender los recursos públicos y exigir transparencia.
Continúa la opacidad en la ejecución de proyectos
De acuerdo al monitoreo realizado por Urnas Abiertas en las cuentas oficiales de las alcaldías se encontró que a lo largo de estos meses los gobiernos municipales sí han realizado ciertos proyectos como inauguración de calles, mejoramientos de centros de salud, inauguración de redes de agua, entre otros. A pesar de que se ejecutan estos proyectos, la información pública sobre el presupuesto ejecutado sigue siendo limitada, tampoco existe posibilidad para que la ciudadanía participe libremente en la gestión local, todas estas son razones que obstaculizan la auditoría social.
La única manera en que la población puede saber qué hace su alcaldía y cómo se financia, es con la información que publican medios oficialistas, o la que quieran brindar las autoridades municipales.
Desde los primeros meses del año, las alcaldías sandinistas recibieron más fondos. Según el Presupuesto General de la República, aprobado en noviembre de 2022, las transferencias municipales incrementaron a un 6% este 2023, lo que equivale a un incremento del 79,99% respecto a 2022. Un análisis realizado por Urnas Abiertas encontró que las alcaldías manejan este 2023 un presupuesto de C$22,128,767,113.00 (22 mil 128 millones 767 mil 113 córdobas) que es aproximadamente US $605 millones de dólares. Este monto representa un incremento general de un 13.66% respecto a los presupuestos locales de 2022 que fueron de C$19,467,954,264 (19 mil 467 millones 954 mil 264 córdobas), de los cuales aproximadamente 17 mil millones fueron ejecutados.
Al analizar los montos recibidos en cada municipio, Urnas Abiertas constató un incremento de hasta 300% en las transferencias municipales como el caso de la alcaldía del municipio El Almendro en Río San Juan, una de las 5 alcaldías asaltadas arbitraria e ilegalmente en julio de 2022.
El documento Proyectos y Programas de las “Alcaldías del Pueblo” 2023, circulado a inicios del año, contiene proyectos de vialidad, viviendas, recreación, deporte, cultura, agua y saneamiento, arte y programas sociales. Pero sigue siendo limitado, puesto que no todos los rubros indican en cuáles municipios se ejecutarán las obras, no indica los recursos o fuentes de financiamiento, no establece los plazos de trabajo-entrega, y tampoco brinda suficiente información para incidir y auditar dichos programas y proyectos.
Corrupción e inconformidad
En los reportes recibidos por las redes ciudadanas de Urnas Abiertas se encontró que la población sigue manifestando quejas por la gestión de las alcaldías, siendo uno de los elementos de mayor preocupación el incremento de impuestos en diferentes industrias. En Santa María de Pantasma, una de las cinco alcaldías arrebatadas al extinto partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), hasta comerciantes y militantes sandinistas manifestaron insatisfacción por el alza en los permisos y servicios de la comuna.
En mayo de 2023, se confirmó un caso de corrupción que involucra al ex alcalde sandinista Marcio Ariel Rivas Núñez. El ocaso ocurrió durante el hermanamiento de cooperación entre la alcaldía Lasarte-Oria, en España, y la de Somoto, en Madriz. La ex edil Ana Urchueguía admitió en los juzgados de su país haber cometido delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos por irregularidades en los fondos municipales destinados” entre 2000-2009.
Durante ese período el ahora vicealcalde sandinista de Somoto, Marcio Ariel Rivas Núñez, canalizaba directamente 350 mil dólares anuales que recibía la entidad Oficina de Hermanamiento Lasarte-Oria-Somoto, una organización sin personalidad jurídica. Además, recibía los fondos para la Asociación para el Desarrollo Comunitario (Asodecom), otra institución receptora de ayuda del hermanamiento y controlada por él. Esta cooperación generó algunas obras sociales en el municipio, inclusive el Palacio de la Cultura que lleva el nombre de la ex alcaldesa, no obstante los resultados de las investigaciones evidenciaron inconsistencias en los proyectos.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por el gobierno de La Rioja, en Nicaragua debió realizarse la construcción de 200 viviendas, pero difícilmente lograron comprobar ayuda en 80 de ellas. Así como una unidad de producción agropecuaria, perforación de pozos e instalación de paneles solares, pero no se encontraron rastros de las bombas de agua y los paneles solares siguen en espera desde 2004. Por el contrario, se encontró una lujosa mansión con piscina de la ex alcaldesa y propiedades a nombre del vicealcalde sandinista.
Hasta ahora, la Contraloría General de la República ha guardado silencio sobre este caso, pese a que el caso data desde 2007 cuando se abrió la denuncia de corrupción entre ambas alcaldías.