Cobros ilegales, irregulares y violentos para que se les permita abrir pequeños negocios, pagos periódicos para poder sembrar o pescar, cobros adicionales para gestionar cédulas de identidad, partidas de nacimiento o pasaportes, aunado a la persecución y la vigilancia política, mantienen en constante asfixia a la ciudadanía nicaragüense. Estos cobros abusivos hechos por autoridades y liderazgos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han ido en aumento en los últimos meses en el territorio nacional, así lo reportan las redes ciudadanas de Urnas Abiertas (UA).
Las redes ciudadanas en distintos municipios y regiones del país han expresado a Urnas Abiertas la multiplicidad de formas en que se ejecutan dichos cobros impuestos mediante la violencia e intimidación. Además de los ya mencionados, se suman: cobros para obtener el certificado de notas universitarias y, luego, apostillarlas, -para así lograr continuar los estudios fuera del país-; cobros en aduana para introducir mercadería; para obtener la constancias policial, entre otros.
Estos son cobros relacionados con trámites usuales para estudiar, buscar empleo y abrir o mantener negocios privados. Es decir, atañe a una gran parte de la población y a actividades fundamentales de la vida ciudadana. “La corrupción es un flagelo que es galopante en Nicaragua que se ha extendido en todos los poderes del Estado, en todas los niveles y estructuras de elección popular -alcaldías y en cargos pequeños y grandes. Más en un país en el que existe una dictadura, donde nadie supervisa al Estado en todo lo que se refiere a la administración pública”, expresó una de las fuentes consultadas por UA.
Así, de acuerdo a los reportes recibidos, las prácticas corruptas como las extorsiones se han convertido en normalidad para las autoridades municipales. En caso de que los comerciantes se nieguen a hacer estos pagos irregulares, la negativa para la apertura es la constante. En las zonas rurales la situación no cambia mucho. Se recibieron denuncias de campesinos y campesinas indicando que agentes armados les exigen parte de las cosechas o bien les cobran por los terrenos que utilizan para la siembra y, en el peor de los casos, se apropian o invaden dichas tierras. Desde otras zonas, se ha recibido información que los pescadores también tienen que pagar una cuota por la pesca que alcancen en el día. En el campo la ciudadanía señala como principales ejecutores de estas prácticas de extorsión a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua.
Todos los ejemplos mencionados demuestran que las autoridades civiles y armadas en Nicaragua han pasado de velar por el bienestar y la seguridad de los nicaragüenses, a ser instituciones que extorsionan y explotan a los trabajadores, obreros y campesinos nicaragüenses. La corrupción ha carcomido la ley para dar paso a grupos locales de poder que aglutinan recursos económicos y productivos que les permiten acumular riqueza a costa de las instituciones públicas.
Desde Urnas Abiertas se ha dado seguimiento a la destitución de alcaldes por casos de corrupción, pero no por combatir estas prácticas. Al contrario, las remociones parecen haber sucedido porque los alcaldes apoyaron proyectos que no favorecían al régimen o por tomar decisiones sin antes consultarlas. Algunos de los funcionarios purgados fueron: Vilma Alicia Casanova Fuertes, del municipio de Rivas; Erwin de Castilla Urbina, de Juigalpa; Reynaldo Raymundo Flores Genet, de Ciudad Sandino; José Ángel Morales, de Tola, entre otros. A pesar de las destituciones, estos fueron reemplazados por otros perfiles del sandinismo. No obstante, las destituciones indican que las prácticas autoritarias también afectan a los allegados del mismo partido.
La corrupción es histórica en Nicaragua y parte fundamental en el engranaje del autoritarismo
Ante este panorama, es evidente la presencia total de redes de corrupción que permean y cooptan las alcaldías, instituciones locales y los trámites diarios de la ciudadanía con los funcionarios de gobierno, todo bajo el manto del gobierno central. A su vez, esta cooptación del Estado por parte de Ortega y Murillo es evidencia del sistema autoritario que lideran. El binomio democracia-corrupción ha sido una preocupación constante en América Latina, pues si una nación garantiza la transparencia, la fiscalización y el respeto a la ley, entonces, el país está enmarcado en un régimen democrático. En contraparte, si la opacidad, la corrupción y el respeto al marco jurídico es nulo, un régimen no puede considerarse como democrático. En los países con regímenes autoritarios la corrupción se ha vuelto un pilar para sostener a los gobernantes en turno y a la propia estructura estatal.
En Nicaragua, la corrupción es parte del engranaje autoritario, ya que las lealtades de los operadores locales, que manejan la violencia estatal y la persecución, se pagan con la permisividad del Ejecutivo para que cometan actos corruptos. Algunos autores, como el teórico noruego Jonh Elster, destacan que hay prácticas informales que sirven para que funcione la maquinaria del gobierno, sin embargo, estas no deben sobrepasar a las reglas formales, ya que de hacerlo el sistema se corromperá, como pasa en Nicaragua.
Todas las reglas formales ya han sido corrompidas y, sobre todo, clausuradas o cooptadas. La ciudadanía no denuncia los actos de corrupción debido a que las instituciones encargadas de combatir la corrupción, o ejercer un contrapeso al poder, también han sido cooptadas por las redes del oficialismo. Baste mencionar que el Fondo Anticorrupción (FAC), financiado por Noruega, fue clausurado en 2009, apenas dos años después del regreso de Ortega al poder y coincide con la revocación de la sentencia a Arnoldo Alemán. A su vez, las instituciones a cargo de velar por el uso adecuado de los recursos públicos, como la Contraloría General de la República (CGR) o la Procuraduría (PGR) se encuentran bajo el control absoluto del régimen dictatorial. El FAC mencionó desde 2007, que las instituciones ya no hablaban de corrupción para alinearse al discurso oficial de Ortega. Desde entonces, se resalta que ha sido gracias al trabajo de organizaciones de la sociedad civil, y al periodismo de investigación, que se ha logrado documentar, reportar y denunciar la corrupción en Nicaragua. Sin embargo, tanto ONG como medios de comunicación han sido denominados como “enemigos” del gobierno, por lo que han sido clausurados, confiscados y expulsados del país.
Es en la comprensión de este contexto actual que Urnas Abiertas impulsa y da salida a las denuncias de la corrupción por parte de la ciudadanía, ya que esta es una de las pocas formas disponibles de reportar la corrupción en el país, ante el cierre de todos los espacios o instrumentos para fiscalizar el poder político. Como se afirmó en el Informe Fiscalizando el Poder Local, “en el presente y en el futuro el rol de la sociedad civil será documentar dichas denuncias, así como buscar y preservar evidencias, para llevar ante la justicia a quienes han defraudado a la población”. Las denuncias de los sobornos o la extorsión suman a la comprensión de los efectos de la corrupción en la vida diaria de los y las nicaragüenses, especialmente la significancia de los efectos económicos de estos cobros en un país donde se ha encarecido el costo de la canasta básica y de los servicios básicos.
En conclusión, la corrupción no solo se traduce en desfalcos millonarios, sino que esta merma la capacidad de las autoridades para hacer valer la ley. A nivel analítico las corruptelas fortalecen a una cúpula o élite que ostenta el poder político, lo cual permite que militares, políticos y burocracia defienden la permanencia de un régimen que es desigual para las mayorías. A nivel territorial, la corrupción dificulta las condiciones de vida de la ciudadanía y la condena a una existencia pírrica. La falta de la ley y el crecimiento de los cobros por la tierra, trabajo, o en especie, despoja a los ciudadanos y ciudadanas de lo poco que pueden ganar, aunado a que la seguridad se vuelve un tema partidista para quienes simpatizan con el oficialismo. Mientras, quienes se niegan a participar de las redes de corrupción, o no pueden pagar sus cobros irregulares, se vuelven rehenes de un régimen represor.
Las y los ciudadanos están amordazados, no solo por las prácticas autoritarias del sandinismo, sino que además los vuelve espectadores del deterioro de la justicia que los condena a un silencio eterno. La corrupción, se vuelve pan de cada día y lamentablemente se normaliza como pilar de un Estado carcomido por corruptelas que se extienden desde los más altos niveles del gobierno central hasta el estrato más bajo del poder local.
Ante esta realidad, desde Urnas Abiertas apostamos por dar salida a las denuncias ciudadanas, en aras de proveer canales comunicantes y redes de comunicación a las voces desde los territorios, las cuales observan, documentan y exponen los alcances de la corrupción en Nicaragua. Con ello, esperamos contribuir a las bases de una futura transición democrática en el país que tome en cuenta la importancia de tratar la corrupción como una de las fuentes principales del autoritarismo evidente en el gobierno actual de Daniel Ortega y Rosario Murillo.