El 18 de agosto de 2022, el Consejo Supremo Electoral (CSE) divulgó el Calendario Electoral para las elecciones municipales a través de la publicación en el diario oficial La Gaceta. El calendario marca los tiempos para la realización de un proceso exprés que no permite la verdadera participación y fiscalización ciudadana, además la publicación omite la fecha de la Verificación Ciudadana, la fijación del Padrón en CV y los mecanismos para objetar la cartografía electoral.
La jornada de Verificación Ciudadana se ha implementado como una actividad necesaria para perfeccionar y posteriormente depurar de forma permanente el Padrón Electoral antes de su cierre, correspondiente a “sesenta” días antes de las elecciones generales; al menos así lo establece el artículo 43 de la ley electoral, Ley n° 331[1].
La omisión de esta actividad en el organigrama de los comicios, demuestra que el CSE no tiene voluntad para resolver las debilidades que tiene el sistema de inscripción y registro de votantes, por el contrario mantienen su política excluyente para gestionar el catálogo de electorales y la cartografía electoral. En este boletín electoral, que tiene por objetivo monitorear el desarrollo de las elecciones municipales, se da cuenta sobre el contexto en el que se desarrolla el proceso electoral, y contiene los siguientes puntos:
- Verificación Ciudadana
- Antecedentes
- Convocatoria
- Desarrollo
- Monitoreo al sitio web de la Verificación Ciudadana
- Presupuesto electoral
- VERIFICACIÓN CIUDADANA
Antecedentes: Retos, obstáculos y decadencia de la verificación ciudadana en Nicaragua
En Nicaragua, los procesos de verificación y registro electoral han padecido grandes obstáculos y debilidades. El Informe Final presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de las elecciones municipales de 2017, indica que en el caso de Nicaragua, la necesidad de este tipo de reformas responde a una limitación estructural, que no se reduce exclusivamente al Registro Electoral sino que se debe a una cadena de procesos: “La integridad y calidad de los datos del Registro Electoral depende de la calidad de la información en la cedulación, y a su vez esta última depende de la integridad y acceso a la información correspondiente a la inscripción de nacimiento que maneja el Registro Civil de las personas”[2].
Por tanto, la información que se ve reflejada tanto en el Padrón Electoral, como en el Registro Civil no es exacta. Este ha sido un problema histórico y un vacío enorme en la institucionalidad que antecede el regreso del FSLN al poder, en el 2007. Sin embargo, desde esta fecha esta actividad se ha visto desvirtuada y politizada a tal punto de funcionar como un acto de control por y para el oficialismo, sin que genere el efecto necesario para actualizar el catálogo de electores.
Según indagaciones realizadas por Urnas Abiertas, en los comicios de 1996 se realizó el primer ejercicio de Verificación Ciudadana, en el calendario electoral se habilitó un período de funcionamiento de Oficinas de Verificación y Actualización del Padrón Electoral del 1 al 10 de junio. Debido a la persecución contra organizaciones fiscalizadoras electorales, no existe registro digital sobre esta actividad ya que las páginas de estas organizaciones fueron eliminadas.
Este desorden en los procesos de inscripción, registro y notificación de decesos generaron problemas durante las elecciones municipales de 2001, mucha gente no sabía donde acudir para votar. Por tanto, para corregir este problema y dar respuesta a las debilidades que presentaba el registro electoral desde los años 90, en junio y julio de 2001 se llevó a cabo la otra jornada de Verificación Ciudadana en el país, se convocó a la ciudadanía a reportarse a sus juntas receptoras de votos locales para buscar sus nombres en el Padrón[3]. El informe de observación electoral (2001) presentado por el Centro Carter indica:
Una deficiencia crónica del Consejo (CSE) que antecedía los cambios del 2000, era la incapacidad para limpiar el padrón electoral de los nombres de personas fallecidas o emigradas del país. En parte, esta dificultad es causada por la falta de una cultura registral en Nicaragua, puesto que muchas personas, especialmente del medio rural, se abstienen de notificar a las autoridades de nacimientos, decesos, y movimientos migratorios (p. 13).
Los esfuerzos por mejorar el registro electoral empezaron años antes. Entre los años 1984 y 1988 la Ley Electoral atravesó una serie de reformas, que tenían el propósito de instituir un correcto ejercicio del sufragio y permitirle a los nicaragüenses ejercer su derecho con condiciones sólidas de participación, con garantías y dentro de un proceso libre. El propósito con el que se dieron estas reformas fue asegurar a la ciudadanía nicaragüense un proceso electoral organizado municipalmente, transparente y eficaz; que diera salida a los enormes vacíos de la obsoleta ley electoral, constituida en el período somocista.
La necesidad de permitir una participación ciudadana incluyente dio paso a la iniciativa del registro electoral, en estas primeras elecciones post dictadura se realizaron los primeros esfuerzos por levantar listas electorales. En noviembre de 1984, el FSLN ganó esas elecciones con el 67% de los votos. Otros seis partidos se repartieron el restante 33% obteniendo una representación proporcional en la Asamblea Legislativa, institución inaugurada tras estas elecciones. La celebración electoral de 1984 tuvo quinientos cuatro observadores internacionales y más de dos mil periodistas de diversas tendencias respaldaron sus resultados, transparencia y orden[4].
Algunos años después, dentro del marco de la nueva Constitución se confeccionó una nueva Ley Electoral que entró en vigencia en Octubre de 1988, la cual tenía diferencias con respecto a las normas que habían regulado los comicios de 1984. También, las políticas para la administración electoral se vieron beneficiadas del Acuerdo de Esquipulas II, donde se negociaron garantías para democratizar los procesos electorales de Centroamérica. Las elecciones de 1990, donde resultó ganadora la ex presidenta Violeta Barrios, se beneficiaron gracias a éste.
Durante los llamados “dieciséis años neoliberales”, los procesos electorales se vieron afectados por la corrupción de todos los partidos, incluyendo al ahora oficialista FSLN y los partidos opositores colaboracionistas.
No obstante, las irregularidades dramáticas al proceso de preparación de elecciones presidenciales y municipales se dieron a partir de 2012 con la reelección de Ortega. Fue en este año que empezaron a surgir noticias sobre un padrón electoral inflado, donde incluso aparecían ciudadanos fallecidos. Sobre esto veamos una nota de 2012, escrita por Carlos Salinas para El País:
José Maximimo Cálix Osorio, fallecido en marzo de 2012, está inscrito como candidato a concejal por el Partido Conservador, considerado en Nicaragua un partido satélite del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional. Osorio era un inmigrante nicaragüense que había viajado a San José, la capital de Costa Rica, en busca de mejores condiciones de vida. Allá lo asesinaron tres hombres cuando le intentaban robar. Otra fallecida que aparece como candidata es Maricruz López Pérez, quien murió hace 12 años. El susto se lo llevaron sus hijas al darse cuenta que su madre había sido revivida en las listas oficiales del Tribunal Electoral de Nicaragua[5].
Además de esta enorme irregularidad, se inició una partidización de la cedulación[6], es decir, la solicitud para obtener o renovar la cédula de identidad la empezaron a regular los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), un órgano partidario del FSLN que funciona en los barrios y tendidos territoriales. Como resultado de esto, para muchos ciudadanos nicaragüenses opositores o no militantes la cedulación se convirtió en un proceso[7] sumamente engorroso y en varios casos, imposible. De esta manera se ha violado tanto el derecho de muchos nicaragüenses a obtener identificación, como el logro que significó la creación y aprobación de la Ley de Identificación Ciudadana, No. 152; en el año 1993. El proceso de cedulación se encuentra vinculado al catálogo de electores, como se mencionó anteriormente, por tanto, se puede afirmar que el régimen ha venido erosionando cada etapa del proceso electoral, hasta llegar a la decadencia del mismo a nivel general y de la verificación ciudadana a nivel específico.
Así, aunque la democracia participativa de Nicaragua se ha visto vulnerada por el autoritarismo y la corrupción. El sabotaje a la verificación ciudadana ha sido una estrategia de control del poder ideada y orquestada por el gobierno de Ortega a través de operadores y funcionarios alineados a su partido, desde las elecciones de 2012.
Convocatoria
El 27 de julio en horas de la mañana, la estructura partidaria del Frente Sandinista publicó en redes sociales una convocatoria para realizar la Verificación Ciudadana el 13 y 14 de agosto en los diferentes Centros de Votación (CV) del país. A raíz de dicha convocatoria hubo confusión a lo interno del partido, ya que sus bases, jefes de zonas, e incluso militantes, estuvieron difundiendo la invitación, incluso se reportó que los operadores políticos del oficialismo amenazaron y hostigaron a trabajadores del Estado para que participaran en la jornada.
No obstante, el 9 de agosto se difundieron nuevamente por redes oficialistas imágenes donde se invitaba a la ciudadanía a verificarse, esta vez con distinta fecha, se descartó sin mayores explicaciones la convocatoria del 13 al 14 de agosto y se hizo el llamado para participar de esta actividad de manera virtual entre el 18 y el 31 de agosto. Todo esto al margen del CSE, quien hasta la fecha no había publicado el calendario correspondiente ni había emitido ningún tipo de pronunciamiento a tres meses de los comicios.
El Calendario Electoral publicado el 18 de agosto por el CSE omite la fecha de la Verificación Ciudadana. La magistrada presidenta del CSE Brenda Rocha por medio de una entrevista realizada el 24 de agosto de 2022 -casi un mes después del llamado del FSLN- a través del Canal Parlamentario de Nicaragua informó que “la verificación se realizará de forma permanente, y es por ello que no está dentro del calendario”. Indicó también que este proceso sería por medio de llamada telefónica, whatsapp, o llegar a cualquier institución electoral.
El 31 de agosto, en una entrevista a un canal oficialista Rocha informó otro mecanismo para la verificación, indicando que el sábado 3 de septiembre se abrirían las oficinas del CSE “a fin de que puedan acudir todos los que no han podido acudir o no tienen posibilidad de tener a un teléfono, lo hagan de manera presencial su verificación. Estaremos abriendo desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde en todos los municipios y departamentos”.
De esta manera se puede observar que la convocatoria para una actividad tan relevante como la Verificación Ciudadana se ha llevado de manera completamente desordenada y confusa por parte de la autoridad electoral.
Desarrollo
A pesar de la confusión alrededor de la Verificación Ciudadana, las estructuras partidarias del FSLN se dispusieron a impulsar la actividad. En algunos casos se capacitaron a trabajadores del Estado para que participaran como técnicos electorales en la jornada convocada para el 13 y 14 de agosto, que finalmente no se realizó.
Se registraron 3 mecanismos para realizar la Verificación Ciudadana:
- En línea
- Visitas casa a casa
- Habilitación de centros de cómputo
El 10 de agosto, cuando el CSE todavía no había publicado el calendario electoral, trabajadores estatales reportaron el envío de mensajes a través de Whatsapp que decían:
“Cr@s Militantes, en relación a la verificación que se anunció para el 13 y 14, ya no se va a realizar en los Centros de Votación, a partir del 18 hasta el 31 de Agosto/2022, la Verificación se realizará en Línea o sea por Internet, para que toda la militancia la realice desde su celular, computadora o desde un Ciber lo puedan realizar fácil y rápido. Se van a publicar los pasos a realizar en su momento. Seguimos en Victorias.”
Para la verificación en línea, los secretarios políticos dieron seguimiento en diferentes instituciones del Estado para que funcionarios públicos participaran de manera obligatoria, a quienes se les exigió incluso enviar fotografía o captura de pantalla como prueba. En algunos casos se reportaron que si por alguna razón un trabajador/a público no lograba verificarse, el procedimiento era realizado por su jefatura inmediata sin su consentimiento.
Se reportó mucha presión sobre las instituciones para desarrollar la Verificación Ciudadana, especialmente se señaló que los miembros de las estructuras electorales del FSLN llamadas Unidades de Victoria Electoral (UVE) y los secretarios políticos fueron los encargados de perseguir, hostigar y obligar a los trabajadores del Estado.
Las acciones coercitivas para que funcionarios públicos participaran en la Verificación Ciudadana se reportaron en instituciones como MINSA, MINED, INSS, INTUR, INIFOM, MIFAM, INTA, MITRAB, ENACAL, INATEC, Empresa Portuaria Nacional y Alcaldías. También se registró que el MEFCCA obligó a beneficiarios de programas sociales a verificarse junto a su núcleo familiar y delegados del MINED chantajearon a estudiantes que cursan el quinto año de secundaria a verificarse a cambio del bono de bachillerato.
Asimismo los reportes llegaron desde los 17 departamentos y regiones: Managua, Rivas, Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí, Granada, Jinotega, León, Madriz, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y Costa Caribe Norte.
Para la verificación en en las visitas casa a casa, se movilizaron militantes sandinistas y trabajadores del Estado a casa de algunas personas para “ayudarles” con el proceso de verificación de sus datos.. En algunas instituciones se reportó que cuando el trabajador del Estado no lo lograba hacer por su cuenta o con su jefatura inmediata, debía entregar su cédula para que fuese visitado en su casa y terminar con el procedimiento.
Se reportó que docentes del MINED, MINSA y trabajadores del INSS fueron obligados a realizar las visitas casa a casa en algunos municipios, estas personas recibieron una cuota de ciudadanos verificados que debían cumplir. En la visita también se completó una ficha para recopilar información de las personas que habitan en la vivienda visitada. Además, se tuvo registro del uso de vehículos del Estado para trasladar a quienes realizaban las visitas.
Se reportaron visitas en los 17 departamentos y regiones autónomas, en algunos de estos municipios se informó que los fondos para viáticos y combustible que se usaron en las visitas fueron proporcionados por las diferentes alcaldías, así como teléfonos, computadoras y tabletas para cumplir con los objetivos.
Para la verificación en centros de cómputo habilitados se instalaron algunos puntos donde la ciudadanía podía acudir a realizar la actividad, especialmente en zonas rurales. También se indicó que las oficinas del CSE servirían como centros.
Se reportaron centros habilitados en los departamentos de Matagalpa y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
Por otra parte, se conoció que militantes y funcionarios del partido PLC también se movilizaron para impulsar la Verificación Ciudadana en los departamentos de León y Boaco.
Monitoreo al sitio web de la Verificación Ciudadana
El 24 de agosto, la magistrada Brenda Rocha, presidenta del CSE en una entrevista con el Canal Parlamentario indicó que “es importante darles a conocer a la ciudadanía que ya llevamos más de 1 millón verificados en línea, haciendo también su cambio de domicilio”.
Siete días después, el 31 de agosto, la magistrada dijo “ahorita en la verificación que se ha realizado en línea y a través de WhatsApp e igualmente presencial ya llevamos aproximadamente más de un millón 500 mil ciudadanos verificados, incluyendo los cambios de domicilio”.
El 5 de septiembre el CSE publicó un boletín informativo en el que señaló que “más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas han realizado su Verificación Ciudadana en línea a través del sitio web del Consejo Supremo Electoral”.
Sin embargo, entre el 18 y el 31 de agosto, Urnas Abiertas trackeó la url principal de la web del CSE (https://www.cse.gob.ni) y la url de la verificación en línea (https://www.cse.gob.ni/es/elecciones/consultar-cv) con herramientas digitales con el fin de monitorear y obtener de forma general datos aproximados al comportamiento de tráfico que obtuvo la web durante esos días.
Entre el 1 y el 17 de agosto, el sitio web del CSE no superó las dos mil visitas por día. Entre el 18 y el 31 de agosto se registró un incremento que promedia las 5,429 visitas diarias. En todo el mes de agosto se documentaron aproximadamente 152 mil visitas.
Registro de tráfico web durante el mes de agosto. Crédito: Resultados del monitoreo.
El aumento de visitantes comenzó el 18 de agosto con aproximadamente 26,839 visitas, justo el día que las estructuras partidarias empezaron a ejercer un rol de persecución contra trabajadores del Estado para que cumplieran con la verificación ciudadana. Sin embargo, el promedio de usuarios únicos es de apenas 5 mil en todo el mes.
De acuerdo a las métricas que rigen los sitios web y específicamente en base a la definición de la empresa Google, un usuario único es aquel que “ha iniciado al menos una sesión durante el período especificado”. Es decir, al sitio web del CSE han ingresado en promedio 5 mil personas. Este dato, apenas representa el 0.25% de los dos millones que refirió el CSE en el boletín. Este dato también permite realizar otra lectura: ni siquiera los 170,000 mil trabajadores del Estado han realizado el proceso por sí mismos, a pesar de las medidas coercitivas que han promovido las UVE y los secretarios políticos en las instituciones.
El tráfico web aproximado durante el mes de agosto fue de 78.27% desde celulares y 21.73% desde computadoras. El origen de las visitas provino principalmente a través de dos vías: 57.69% de manera orgánica (es decir, que las personas escribieron en el buscador alguna palabra relacionada a “CSE” o “verificación en línea”) mientras que un 42.31% de forma directa (es decir, que las personas accedieron a un clic que las llevó directamente a la página de verificación o sitio web del CSE). El porcentaje de rebote, es decir, el porcentaje visitantes que solo vio una página antes de abandonar el sitio es del 41.10%, esto significa que casi la mitad de las personas que visitó la web del CSE procedió a salirse de forma rápida.
Durante el mes de agosto el término “cse verificación en línea” incrementó apenas un 8.45% en los buscadores como Google y la intención de búsqueda de los usuarios que digitaron estas palabras corresponde 61.9% a informativo y apenas un 13.8% a navegación, es decir, que las personas que fueron a Google a buscar “cse verificación en línea” lo hicieron con la idea de buscar información no necesariamente de navegar por el sitio web y tampoco verificarse El 31 de agosto la URL de la Verificación Ciudadana (https://www.cse.gob.ni/es/elecciones/consultar-cv) apareció indexada (es decir añadida en el buscador) en la posición 9 de todas las páginas indexadas. Sin embargo, el 18 de agosto aparecía en los últimos lugares.
Otro dato a señalar es que, la URL de la Verificación Ciudadana contiene 77 backlinks, es decir, 77 hiperenlaces creados por otras web para envíar tráfico a la URL de la verificación y darle una autoridad para que aparezca en los buscadores como Google. De todos ellos, solamente 22 corresponden a nuevos enlaces creados en agosto de 2022. Esto indica que ni el CSE, ni los medios oficialistas han dedicado esfuerzos significativos a nivel digital para atraer visitantes.
De esta manera, los resultados analizados indican por una parte que la cifra indicada por el CSE de dos millones de personas verificadas no cuenta con evidencias en el principal medio para realizarlo: la página web del CSE; y por otra parte que se han dedicado muy pocos esfuerzos digitales para esta actividad. Si bien es cierto, se han publicado entrevistas, noticias y videos en los medios de comunicación oficialistas, esto no es suficiente. Por último, es importante señalar que los bajos niveles de participación en la Verificación Ciudadana también están ligados a la poca confianza que existe por parte de la población en el proceso electoral y en el CSE.
- PRESUPUESTO ELECTORAL
La información de las finanzas públicas en Nicaragua proporciona datos sobre el gasto de las elecciones desde el año 2000. Esta se encuentra en el Presupuesto General de la República, particularmente en el del Consejo Supremo Electoral (CSE).
El gasto gubernamental asignado al CSE normalmente ronda el 1% del presupuesto del gasto total del gobierno central. Sin embargo, en años electorales, generales o municipales, el gasto asciende casi al 3%.
Gráfica 1. Gasto del CSE como porcentaje del gasto total (2000-2022)
El CSE opera a través de 4 programas:
1) Actividades centrales.
2) Cedulación ciudadana
3) Registro del estado civil de las personas y
4) Atención a partidos políticos.
En años electorales se designa un quinto programa bajo el cual se organiza todo el proceso electoral denominado “Elecciones”. El programa “Elecciones” es el más importante en los años electorales pues absorbe en promedio alrededor del 77% del gasto del CSE y el 2% del gasto total de ese año electoral.
El costo de las elecciones
Como se mencionó anteriormente, el gasto asignado al CSE para organizar las elecciones generales y municipales ha ascendido en promedio al 2% del gasto total gubernamental para cada año. En los años electorales, al CSE se le asigna una partida en el programa “Elecciones” en la cual se incluye el reembolso a los partidos políticos que participan en los comicios. Hasta antes de 2021, este monto ascendía al 1% de los ingresos ordinarios del Gobierno Central, en el caso de las elecciones generales, y el 0.5% de los mismos para el caso de las elecciones municipales.
Según los cálculos elaborados por Urnas Abiertas, con base al PGR, las elecciones de 2006 costaron alrededor de 46 millones de dólares; luego las municipales de 2008 experimentaron una reducción en los costos del 51%, con un costo de 22 millones. Para 2011, en elecciones generales el gasto ascendió a 33.6 millones de dólares. El año siguiente, las elecciones municipales costaron un 42% más que las generales de 2011, con un costo de 47.8 millones.
Por su parte, en 2016 se observaron las elecciones más caras. Un aumento del 19% respecto a las municipales de 2012, con un costo total de 56 millones de dólares; mientras que las municipales de 2017 fueron menos costosas en un 32%.
Para las recientes elecciones generales de 2021, se estima un costo de 44.6 millones de dólares; un 15% más que en 2017 pero 22% menos caras que las de 2016.
Para estas elecciones municipales de 2022, su costo será de 31.1 millones de dólares, de los cuales más de un 40% es destinado para reembolso a los partidos participantes del proceso.
Gráfica 2. Costo de las elecciones según asignaciones al CSE
Gráfica 3. Montos de reembolso electoral 2006-2022 (cifras en millones)
[1] Artículo 43. Ley Electoral 331. Sesenta días antes de las elecciones se cierra el padrón electoral, con esto se formará el Padrón y Plataforma Electoral Definitiva, los cuales deberán ser entregados cuarenta y cinco días antes de las elecciones a las organizaciones políticas participantes, en las condiciones especificadas en el artículo anterior.
[2] https://reformaspoliticas.org/wp-content/uploads/2019/03/Informe-MOE-OEA-NicaraguaMunicipales-2017.pdf (p.11)
[3] https://www.cartercenter.org/documents/1028.pdf
[4] Revista Envío. Número 93, Mayo 1989. Recuperado de: https://www.envio.org.ni/articulo/591
[5] https://elpais.com/internacional/2012/10/20/actualidad/1350686794_837905.html
[6] https://www.rosalux.org.mx/sites/default/files/pdf/nicaragua_elecciones.pdf
[7] https://cse.gob.ni/es/documentos/leyes-reformas-decretos/ley-152-de-identificacion-ciudadana