María –nombre ficticio por motivos de seguridad– recorrió las calles de su municipio, ubicado en una de las regiones de la Costa Caribe, preguntando de casa en casa las características de las viviendas, sobre los integrantes, la economía familiar, entre otros aspectos. Con una tableta Samsung en mano, la mujer recogió información durante un mes, entre el 30 de abril y el 29 de mayo de 2024, como parte de las más de 7.966 personas entrevistadoras que participaron en el IX Censo Nacional de Población y V Censo Nacional de Vivienda en Nicaragua (CEPOV).
El Censo estaba previsto terminar a finales de mayo, sin embargo las autoridades del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) –que está a cargo de la recolección de datos– informaron que el plazo se extendió. Sin dar detalles como es usual, lo que, entre otras cosas, evidenció las dificultades que enfrentaron para llevar el Censo a cabo.
Las personas que como María anduvieron en todos los municipios del país aplicaron un instrumento –al que Urnas Abiertas tuvo acceso– para identificar el estado de las viviendas e, incluso, para averiguar sobre la “migración internacional” de los y las nicaragüenses. Por medio de fuentes consultadas se supo que no en todos los hogares hicieron estas preguntas y, en otros hogares, las personas prefirieron dar información errónea debido al clima de desconfianza en el que se realizó el Censo Nacional.
Censo Nacional llegó nueve años tarde y bajo opacidad
Sumado a la desconfianza, el Censo llegó con nueve años de retraso, pues el último se realizó en 2005 con la proyección de realizarse nuevamente en 10 años, es decir que este tuvo que haberse hecho en 2015. Para 2018, el INIDE ya había empezado a organizar algunas actividades para ponerlo en marcha, pero el gobierno decidió cancelarlo, debido al inicio de la crisis sociopolítica.
Fue hasta agosto de 2023 cuando el Ejecutivo declaró el Censo de interés nacional y ordenó crear una Comisión Nacional para la organización de dichas actividades –junto al V Censo Agropecuario–. La Comisión se conformó con 10 miembros: el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), quien la preside; el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE); el Banco Central de Nicaragua (BCN); el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM); el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR); el Ministerio Agropecuario (MAG); el Ministerio de Educación (MINED); el Ministerio de Salud (MINSA); la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.
Para la comunidad internacional, la calidad de las estadísticas nacionales ha sido de gran preocupación, así se demuestra en los acuerdos de los fondos recibidos en los últimos años a través de préstamos y donaciones para mejorar el Sistema Estadístico Nacional (SEN).
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su última declaración técnica sobre Nicaragua, en noviembre de 2023, resaltó que “son necesarios mayores esfuerzos para reforzar los marcos de anticorrupción y de gobernanza y su aplicación efectiva, en particular el Estado de Derecho (“rule of law”)”. Sin embargo alabó a las autoridades gubernamentales porque “se ha progresado en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública”.
Con el Censo Nacional de este 2024, lejos de cambiar el panorama de desconfianza generada en la calidad de los datos recopilados, se generan más dudas. La más grande es el costo monetario del Censo Nacional y de dónde está saliendo el dinero. Urnas Abiertas realizó una revisión de las finanzas públicas que revela las prácticas irregulares en el manejo presupuestario del CEPOV. El hallazgo más llamativo es la opacidad tanto del Gobierno como de las Instituciones Financieras Internacionales que han brindado recursos directa e indirectamente para ejecutar este Censo.
Los hallazgos de la investigación demuestran que la actual implementación del Censo no cumple con una adecuada supervisión del gasto y pone en tela de duda la calidad de la información. Aunque el FMI celebre el progreso en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la realidad es que en este momento toda la ejecución presupuestaria del Censo está siendo manejada bajo total hermetismo, pues ni en el Presupuesto General de la República, ni en el presupuesto específico del INIDE, se ha incluido una partida para cubrir los gastos.
El costo y financiamiento del Censo
Este manejo opaco genera sospechas respecto a lo que puede haber detrás de la decisión arbitraria de las autoridades para ocultar esta información, sobre todo frente a los antecedentes del uso abusivo y discrecional por parte del Estado de los recursos públicos. Hoy por hoy el costo del Censo es una completa incógnita. Esto se ha convertido en una práctica recurrente del gobierno encabezado por Daniel Ortega en la implementación de diferentes estudios estadísticos.
Según un cálculo no oficial realizado por el medio de comunicación Confidencial, solamente el costo en contrataciones de empleados para realizar el Censo será de 92 millones de córdobas. No obstante, este dato no coincide con el presupuesto asignado al INIDE en 2024, el cual es de poco más de 100 millones de córdobas y apenas permitiría cubrir la contratación del personal transitorio. Este monto es 5 % menor al que recibió dicho organismo en 2023.
Al comparar los presupuestos de ambos años no se evidencia algún cambio significativo en ninguna de las partidas, lo que permite inferir que los pagos del Censo no están saliendo del presupuesto del INIDE, o al menos no de los rubros que son públicos.
El único cambio significativo en los presupuestos de las instituciones involucradas en el Censo es el del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), el cual incrementó en un 110% respecto a 2023, mientras que el ítem “Personal por contrato” aumentó 1325% y “Servicios profesionales especializados en 505%.
La única información pública que ha puesto a disposición el INIDE es que algunas de las compras de equipos y contrataciones de servicios se está dando a través de un convenio interinstitucional con el Banco Central. Además, operativamente las Alcaldías están jugando un papel importante al alojar a los delegados locales del INIDE y al facilitar logísticamente la operación en terreno, así como las actividades públicas de lanzamiento del Censo a lo largo del país.
El último Censo realizado, el de 2005, tuvo un costo de 14 millones de dólares y fue financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por donaciones de Japón, del Sistema de Naciones Unidas y de otras instancias.
Falta de información de las Instituciones Financieras Internacionales
Banco Mundial
En el marco del “Proyecto de Modernización de Sistema de Administración Financiera del Sector Público (PMSAF)”, el Banco Mundial (BM) destinó en 2014 8.9 millones de dólares para los preparativos del Censo que estaba programado para 2018.
El PMSAF es un proyecto que está vigente en Nicaragua desde 2011 y en 2014 fue sometido a revisión para financiamiento adicional. En 2019 se aprobó una extensión para terminar en 2020. Según la información pública disponible, las actividades que incluye han sido cofinanciadas por el BID y el Banco Mundial.
Según el decreto de aprobación del convenio de financiamiento de 2014, este monto se destinaría al INIDE bajo un componente denominado “Componente 5 – Mejorar la Capacidad de la Gestión Estadística” y sería ejecutado por dicho instituto a través de un acuerdo interinstitucional con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). La deuda de este préstamo se comenzó a pagar en el 2021.
En los estados financieros presentados por el MHCP y la firma auditora encargada, Grant Thornton Hernández & Asociados, S.A., y publicado por el BM en 2020, se señala que casi todo el financiamiento fue ejecutado: “Con fecha 31 de agosto de 2019 se efectuó cierre de este componente, el cual se ejecutó por US$8,502,515 y se realizó por el período del 01 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2019, el presupuesto para este componente era de US$8,900,000 de los cuales no fueron ejecutados US$397,485 cuyo monto será trasladado a otro componente del Proyecto en vista que todas las actividades programadas del componente fueron realizadas satisfactoriamente acorde con el objetivo del Proyecto”.
Hasta la fecha, el Gobierno de Nicaragua no ha explicado cómo se relacionan estos fondos, que ya están siendo pagados por las arcas del Estado, con el Censo Nacional actual y tampoco se conoce la razón por la que el acuerdo interinstitucional para la ejecución del Censo cambió del MHCP al Banco Central. No obstante, según una escueta información del MHCP, los fondos permitieron implementar la cartografía digital, desarrollar el sistema de información y la implementación del pilotaje.
El Banco Mundial reportó la compra de 140 tabletas marca Samsung con un valor total de 49 mil 700 dólares en 2016; y 6 mil tabletas marca Vonino con un valor total de 1 millón 74 mil dólares en 2018.
Urnas Abiertas supo, por medio de consultas territoriales, que la mayoría de los encuestadores usan tabletas marca Samsung y no Vonino, aunque esta última supuestamente fue la de mayor adquisición. Otro de los reportes territoriales indica que las primeras capacitaciones para el personal entrevistador las tuvieron que hacer sin el equipo tecnológico, porque les informaron que el Gobierno todavía no contaba con ello. Incluso, durante los primeros días se recibieron reportes de que algunos grupos de encuestadores que todavía no contaban con la tableta.
En la documentación que Urnas Abiertas analizó, el Gobierno de Nicaragua indica que realizó una prueba piloto en Somotillo, Chinandega durante mayo de 2018, pero que el Censo no pudo realizarse ese año debido a la situación del país, por lo que fue pospuesto para 2020, fecha en la que tampoco se cumplió. En los mismos documentos, el Banco Mundial indica que apoyaría al Gobierno a realizar actividades estratégicas para preparar el trabajo de campo del CEPOV.
Los documentos públicos del Banco Mundial no permiten conocer a detalle la ejecución de los fondos, como los montos totales que se destinaron a cada subcomponente para el desarrollo del Censo, tampoco las labores que cumplieron las consultorías contratadas o quiénes fueron los proveedores de las tabletas compradas. Los estados financieros indican que la información de compras no fue auditada.
Unión Europea y BID
En 2017, el Gobierno firmó otro convenio con la Unión Europea (UE) y administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) bajo el nombre “Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional de Nicaragua”, por un total de 4 millones 369 mil 950 dólares bajo el concepto de cooperación técnica no reembolsable. Sobre este convenio hay muy poca información disponible en la página del BID.
El INIDE mantiene pública la matriz de contratistas y beneficiarios entre 2017 y 2022, pero según una revisión realizada por Urnas Abiertas, las compras no coinciden con las de 2018. En ese año se encontraron adjudicaciones en el marco del proyecto UE-BID que financiaron la supuesta prueba piloto que se implementó en Somotillo, así como la estrategia de comunicación para promover la participación de la ciudadanía. Sin embargo, en las páginas institucionales del INIDE no hay rastro de dicha prueba piloto que se supone se realizó en mayo de 2018, cuando el país se encontraba en uno de los momentos más álgidos de la crisis sociopolítica.
Este financiamiento también permitió adquirir bienes y servicios para el funcionamiento general del sistema de estadísticas del país, incluyendo el nuevo marco de áreas de muestreo de las encuestas agropecuarias.
Auditor involucrado en casos de corrupción
En informes presentados por el MHCP y la firma Grant Thornton Hernández & Asociados, S. A. ante el Banco Mundial, aparece como auditor independiente Silvio Ronald Flores Lazo, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN) en el período 2004-2005 y 2023-2024; y actual socio de Impuestos y Auditoría de esa firma internacional auditora.
Flores Lazo fue director de Auditorías de la Contraloría General de la República (CGR) y en 2001 estuvo envuelto en un escándalo al ser señalado por subordinados de supuestamente cambiar los resultados de una auditoría en el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) para encubrir un perjuicio económico al Estado por 19 millones de córdobas.
En 2008, Flores Lazo también fue acusado en el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Conocido como caso Cenis). La Fiscalía, en su acusación, señaló al “Ex funcionario del Banco Central de Nicaragua, y accionista del Grant Thorton”, en “calidad de coautor de los delitos contra la economía nacional, la industria y el comercio, delito de fraude, y delito de tráfico de influencias”.
Flores Lazo era en ese momento asesor delegado a tiempo completo en el Banco Central de Nicaragua y fungió como socio de la firma Grant Thornton, como parte del grupo auditor de las operaciones de emisión de los Cenis.
Pese a esto, Flores Lazo y la auditora Grant Thorton siguen ejerciendo su carrera en la Contaduría y Auditoría, incluso trabajando en diferentes proyectos para instituciones públicas de Nicaragua ante otras instancias financieras, según una revisión rápida de documentos públicos.
La participación de personas y empresas con antecedentes de implicación en casos de corrupción, como los ya mencionados, en procesos de auditoría y control financiero deja otra gran preocupación en temas de transparencia e integridad. Además aumenta el riesgo significativo para la credibilidad y eficacia de las auditorías, sumado a la ya deteriorada credibilidad que tiene el Estado de Nicaragua.
Compras irregulares en Censo 2024
El Programa Anual de Contrataciones (PAC) del INIDE en 2024 constata que se aprobaron 67 compras, de las cuales solamente 7 corresponden al convenio BCN-INIDE para la ejecución del Censo Nacional y suman un total de 29 millones de córdobas (poco más de 800 mil dólares). Según la información pública en el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE), hasta la fecha el INIDE ha adjudicado 68 compras por un total de 24 millones de córdobas (666 mil dólares aproximadamente).
De las 68 compras realizadas, al menos 15 se realizaron por motivo del Censo por un total de 17.7 millones de córdobas (480 mil dólares): una como “Contratación Menor” y 14 compras bajo la modalidad de “Contratación Simplificada”. Esta última modalidad es un proceso que está contemplado para situaciones de emergencia, pero que se ha convertido en una práctica constante del Estado para beneficiar a empresarios cercanos adjudicándoles órdenes de compra con total discrecionalidad sin tener que competir en una licitación pública. El Censo es una actividad planificada desde 2023 que pudo programar los tiempos necesarios para la realización de licitaciones públicas o selectivas según correspondiese.
Seis de las 15 compras exceden los montos para contrataciones menores (que es 500 mil córdobas), por lo que debieron hacerse por licitaciones selectivas en cinco casos y por licitación pública en un caso.
Todo esto indica que hasta inicios de mayo de 2024, el INIDE había ejecutado –con irregularidades en las compras públicas– menos de medio millón de dólares para un proceso que en años anteriores costó 14 millones de dólares.
Irregularidades en el trabajo de campo
María, la empadronadora que contó su historia, señaló diversas irregularidades hacia las personas que ejercieron la labor de entrevistadoras. Una de ellas fue la promesa del pago de transporte, pago extra por fines de semana, un bono al finalizar e incluso un bono por el treceavo mes. Nada de esto sucedió. “Nos dieron el pago que estaba en el contrato, que eran 9 mil córdobas y ya”, dijo.
Otros reportes recibidos por Urnas Abiertas demuestran la inconformidad entre los empadronadores por el bajo monto que recibieron en concepto de viáticos para alimentación. Se supo que les dieron 360 córdobas para zonas rurales (alrededor de 10 dólares) y 180 córdobas para zonas urbanas.
Asimismo, algunos empadronadores se quejaron de que a los supervisores más cercanos a las autoridades municipales les daban trato preferencial y los dejaron con puestos superiores y, por ende, mejores salarios. Previo a esto, se supo que el INIDE tuvo dificultades para reclutar a empadronadores, por ello en algunos municipios del país rechazaron a algunos postulantes por no contar con el carnet de militancia sandinista, a pesar de que la convocatoria pública no lo señalaba como un requisito.
Tanto los contratos de trabajo como los recibos de pago de viáticos fueron emitidos por el INIDE. Según una de las compras públicas adjudicadas revisadas por Urnas Abiertas, el INIDE ordenó a la empresa ZEGESA la impresión de todos los contratos del personal involucrado en el Censo.
La información recabada por Urnas Abiertas señala también que hubo una orientación de que ni policías ni secretarios políticos acompañaran a los encuestadores, esto para evitar mayor desconfianza entre la población. No obstante, estos operadores guiaron el proceso a través de reuniones en las alcaldías.
A pesar de los pequeños esfuerzos del Gobierno por generar confianza, la información recibida indica que la ciudadanía les recibió con desconfianza, incluso brindó datos incorrectos, sobre todo de sus familiares en el extranjero, por el temor de exponerles a alguna represalia.
¿Qué tienen que decir las Instituciones Financieras?
La información recabada por Urnas Abiertas revela una decisión deliberada de ocultar la gestión financiera del Censo, en la que participan tanto el INIDE como el Banco Central, ambas instituciones receptoras de fondos de Instituciones Financieras Internacionales. Este ocultamiento genera múltiples preocupaciones. Primero, vulnera el derecho de la ciudadanía a fiscalizar y exigir rendición de cuentas a las autoridades, lo cual es fundamental para la transparencia y la democracia. Además, se están gestionando inadecuadamente recursos que, en gran medida, son financiados con el dinero de los nicaragüenses, incrementando la necesidad de una supervisión adecuada.
La falta de transparencia en la gestión financiera del Censo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional mediante préstamos y donaciones, ensombrece estos esfuerzos y genera desconfianza en la población respecto a las estadísticas producidas. En lugar de fortalecer la gestión estadística y el sistema estadístico nacional, se obtiene el efecto contrario, debilitando la credibilidad de las instituciones.
Es fundamental que las instituciones financieras internacionales asuman un papel proactivo y riguroso en la fiscalización del uso de los préstamos y donaciones. Deben garantizar el uso adecuado de los mecanismos de monitoreo y evaluación con los que cuenta, asimismo, es importante facilitar la participación de la sociedad civil en dichos mecanismos. La transparencia y rendición de cuentas deben ser exigencias ineludibles para asegurar que los fondos se utilicen de manera efectiva y en beneficio de la población.
La ineficacia en la supervisión puede conducir a la malversación de fondos y la corrupción, socavando los objetivos de desarrollo y afectando negativamente a las poblaciones más vulnerables. Además, la falta de control adecuado puede erosionar la confianza de los donantes y financiadores, comprometiendo futuros apoyos financieros y cooperaciones.
Además, es alarmante que el auditor de los estados financieros revisados haya sido implicado en posibles casos de corrupción, sin que el Gobierno o las IFIs hagan mención al respecto, lo cual pone en duda la integridad de las auditorías realizadas y aumenta la desconfianza en la transparencia del proceso.
En resumen, la integridad y transparencia en los procesos de auditoría, monitoreo y evaluación son esenciales para garantizar la rendición de cuentas y la correcta administración de los recursos públicos. Sin estas medidas, se compromete el objetivo de aportar al desarrollo sostenible y equitativo en Nicaragua.