Los recursos públicos son esencialmente los recursos del pueblo. Esto incluye los impuestos que la ciudadanía paga, las donaciones y los préstamos internacionales otorgados en nombre del bienestar del país. Cada remesa enviada desde el extranjero, que ha crecido significativamente en los últimos años, también se traduce en impuestos que terminan en las arcas del Estado. Pero, ¿qué sucede cuando estos recursos, destinados a mejorar la vida de las personas nicaragüenses, se pierden por prácticas corruptas?

La situación social, política y económica en Nicaragua es alarmante. Según la última encuesta de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), 4 de cada 10 nicaragüenses son pobres. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que 1 de cada 5 nicaragüenses tiene una privación crónica de alimentos. Aunque los datos macroeconómicos señalan que la situación nacional se mantiene estable y se ha venido recuperando, esto no se hace palpable en la cotidianidad de cada ciudadano. Con un salario mínimo que promedia los 8 mil córdobas y una canasta básica por encima de los 20 mil, el sostenimiento para las grandes mayorías es cada vez más difícil. Han sido las remesas quienes han logrado mantener la economía familiar a flote. Los recursos públicos, que deberían de estar subsanando la crisis económica, son utilizados para mantener una estructura de vigilancia comunitaria, financiar redes clientelares y permitir que caudillos locales acumulen poder político y económico. Este poder se emplea para violentar a la ciudadanía y perpetuar un sistema autoritario que reprime cualquier forma de disidencia.

En este contexto, es urgente que la ciudadanía se preocupe y se ocupe de la fiscalización de estos recursos, los cuales les pertenecen. La corrupción no solo roba dinero del pueblo, sino que también socava la democracia y perpetúa la desigualdad. Cuando los fondos públicos se desvían para enriquecer a unos pocos en lugar de beneficiar a la mayoría, los derechos y servicios esenciales como la salud, la educación y la infraestructura sufren. En Nicaragua, los hospitales carecen de suministros básicos, las escuelas están en condiciones deplorables y muchas carreteras y puentes están en mal estado, y no hay forma de fiscalizar el uso de estos recursos para prevenir cualquier tipo de malversación o desvío de fondos.

El gobierno del FSLN se ha caracterizado por ser reacio a la rendición de cuentas y a la transparencia en su gestión pública, ya que desde el inicio de su mandato empezó a cerrar los espacios de auditoría social. Poco a poco empezaron a desaparecer las Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP), y cada vez fue más difícil para la población participar en los espacios de participación ciudadana, como eran los cabildos municipales.

Prácticas corruptas como el soborno y la extorsión también están empobreciendo a la ciudadanía. Cobros irregulares para agilizar trámites o para evitar sanciones injustas son una constante en las instituciones, incluso cobros en trámites que no existen también se han vuelto frecuentes. Así como el crimen organizado cobra derecho de piso en otros países, los operadores políticos o los funcionarios públicos recaudan pagos forzados a trabajadores del Estado y a trabajadores por cuenta propia en Nicaragua. Cada vez se hace más común las negativas de trabajo en el sector público a personas que son percibidas como opositoras o que no cuentan con el aval de los secretarios políticos, dejando a la mayoría sin acceso a oportunidades justas en el mercado laboral. Ante estas situaciones, la población se encuentra en total indefensión porque no existen mecanismos para perseguir y sancionar a quienes cometen estos delitos contra el pueblo. Más bien el régimen Ortega Murillo ha dado luz verde a sus operadores locales para ejercer este tipo de prácticas, como una forma de retribuir su lealtad y las tareas que han asumido dentro de la política de control, vigilancia y persecución. 

Otra situación que preocupa, es el financiamiento de las redes clientelares y las estrategias de coacción a costa de los fondos públicos. Es decir, el régimen utiliza programas sociales financiados con los recursos del Estado, como son el plan techo, las viviendas de interés social, los bonos productivos, entre otros, para obligar a la población a participar de sus actividades partidarias, votar o adherirse al partido, es decir, exige lealtad mediante extorsión. Estos programas, que deberían mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses, se convierten en herramientas de control político. 

El crecimiento económico del que alardea el Estado beneficia a pequeñas élites alrededor del poder político de los Ortega Murillo, situación que se evidencia en las concesiones de explotación de recursos naturales que le conceden a sus aliados, las adjudicaciones de compras y licitaciones públicas a sus allegados, el cierre del espacio para que los sindicatos luchen por los derechos laborales. Otro elemento que genera preocupación son las incautaciones al narcotráfico, que en lugar de ser utilizadas para combatir este flagelo, engrosan los recursos del Estado de manera opaca y sin rendición de cuentas.

Nicaragua es el país más corrupto de la región centroamericana , según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado por la organización Transparencia Internacional en 2024, medición en la cual el país alcanzó su peor calificación de la historia. El informe señala que los países con mayores niveles de corrupción, como Nicaragua, tienen menos probabilidades de sancionar a funcionarios públicos por no cumplir con la ley, lo que a su vez les incentiva a ser partícipes de actos de corrupción.

Asimismo, las redes de corrupción están estrictamente vinculadas a la regresión democrática acelerada que ha vivido el país. Transparencia Internacional ha señalado el fuerte vínculo entre un alto nivel de corrupción en el IPC y la restricción de las libertades civiles. Es decir: a más corrupción, más probabilidad de vulneración de las libertades civiles. En sentido inverso, la falta de libertades civiles dificulta la lucha contra la corrupción porque no hay posibilidad de denunciar ante las instituciones. Lo que en Nicaragua se materializa por completo. Por ello, denunciar y fiscalizar la corrupción en el país es una de las principales formas de resistir la opresión y de luchar contra  la dictadura, porque socava los pilares de las redes clientelares y de la impunidad que sostiene al régimen.   

Por todas estas razones, es crucial que las y los nicaragüenses se preocupen, exijan y ejerzan una mayor fiscalización de los recursos públicos, a pesar del contexto de cierre del espacio cívico que atraviesa el país. La corrupción no es solo un problema económico, es una cuestión de justicia social y democracia. Al involucrarse y demandar transparencia, estaremos contribuyendo a construir un país más justo y democrático. Es hora de que la corrupción deje de ser la norma y se convierta en la excepción, para que los recursos del pueblo sean verdaderamente para el pueblo.