En Nicaragua la desigualdad es tanto un problema económico como político. Este fenómeno no sólo tiene raíces en la histórica concentración de la riqueza en pocas manos, sino que ha sido agravado por el régimen autoritario que se ha consolidado, especialmente desde 2018. 

Los regímenes autoritarios, como el de Nicaragua, necesitan una estructura económica que les permita mantenerse en el poder. Este modelo económico autoritario no sólo financia la maquinaria represiva del Estado, sino que también otorga privilegios a un grupo cercano al poder. En un primer momento, este modelo se construyó sobre el pacto entre el gran capital y el Estado, donde los empresarios alineados con el gobierno disfrutaban de grandes beneficios, a costa de los derechos laborales y la democracia; lo que conocemos como el “modelo de diálogo, alianza y consenso”.

Sin embargo, desde 2018, con el desgaste de ese modelo y el aumento de la represión, el régimen se ha visto obligado a reinventarse. Ya no se trata sólo de enriquecer a los grandes empresarios o a las élites afines a ellos; ahora es necesario recompensar a una red de operadores que mantienen el control social mediante la violencia y el miedo, lo que podríamos llamar un “grupo especializado en la violencia”. Este grupo incluye a paramilitares, alcaldes que apoyan la represión, militantes que espían a sus vecinos y empleados públicos que persiguen a opositores. 

El totalitarismo instaurado en Nicaragua, en el cual las personas están vigiladas cuadra a cuadra, genera un alto costo económico que ya no es posible pagarlo únicamente con fondos públicos o a través de mecanismos aparentemente legales, sino que se requiere de un sistema de “corrupción autorizada”, en el que se permite a este grupo especializado  abusar de su poder para su propio beneficio mediante prácticas corruptas, considerándose así compensados por su lealtad y servicios al régimen.

Esta corrupción tiene distintas manifestaciones, desde el tráfico de influencias en contrataciones y compras estatales, hasta el nepotismo en la administración pública. El cobro de pagos irregulares, del que da cuenta esta investigación, es una de estas manifestaciones. El régimen ha autorizado, o bien facilitado por la poca fiscalización a funcionarios e instituciones públicas, el cobro de sobornos o extorsiones, obligando a la ciudadanía a realizar pagos ilegales en 1 de cada 2 trámites que lleva a cabo en una institución pública, lo que representa, en promedio, el 5% de los ingresos familiares.

Además, el modelo económico autoritario se complementa, como lo han señalado investigaciones independientes, con la extorsión como método de recaudación tributaria, con una economía concentrada en pocas manos, con poco beneficio local y con la expulsión masiva de nicaragüenses para el envío de remesas, todos rubros que únicamente pueden funcionar como lo hacen gracias a políticas de persecución y represión. Es decir, los pilares de este modelo económico autoritario son la corrupción y la violencia de Estado.

Este modelo económico autoritario genera una constelación de elementos que profundizan la desigualdad. La falta de inversión pública, la ausencia de regulación en los precios controlados por empresarios afines al régimen, la imposibilidad de negociar mejoras salariales o de protestar contra condiciones laborales abusivas o impuestos regresivos, son solo algunos ejemplos de cómo este sistema oprime y explota a los nicaragüenses.

La corrupción generalizada que experimenta día a día la ciudadanía solamente genera mayor descontento. Como la represión, la corrupción ha invadido todos los aspectos de la vida, y la falta de inversión social, junto con los recursos cada vez más escasos para mantener las redes clientelares, ha creado una olla de presión que podría estallar en una nueva crisis social. Consciente de este riesgo, el régimen ha comenzado a purgar a aquellos que han abusado de la “corrupción autorizada”, sabiendo que su propio modelo económico autoritario podría desencadenar la próxima crisis política.

Esta investigación, en la que participaron más de 1,000 personas en 148 municipios de todos los departamentos del país, confirma lo que desde Urnas Abiertas hemos señalado, el régimen totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo perpetúa la represión y la persecución política, sino que también genera otros efectos, como es la profundización de la desigualdad en el país. La corrupción exige relativamente más dinero a personas con menores ingresos o en situación de pobreza en comparación a las que tienen mayor poder adquisitivo. 

Desde Urnas Abiertas, seguiremos insistiendo en que, para transformar la realidad de exclusión y marginación que sufre la población nicaragüense, no solo es necesario un cambio de gobierno. Es urgente adoptar medidas serias que enfrenten la corrupción, reduzcan la desigualdad y fortalezcan las instituciones democráticas en un futuro gobierno de transición. Si no cambiamos el sistema, nuestro futuro y el de las próximas generaciones seguirá comprometido por un modelo económico heredado del régimen autoritario, perpetuando un ciclo de pobreza y opresión que nos afectará a todas y todos.

En última instancia, es necesario comprender que la lucha contra el soborno y la corrupción en general no es solo una cuestión de ética, sino una cuestión de supervivencia para la mayoría de las y los nicaragüenses, que enfrentan día a día los estragos de un sistema que los oprime y margina.