A menos de 90 días de las elecciones municipales, que están supuestas a elegir a 153 alcaldes/as, 153 vicealcaldes/as y más de 6 mil puestos para concejales y concejalas en todo el territorio nacional el día domingo 6 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral (CSE) continúa sin realizar la convocatoria oficial de dicho proceso, a pesar que, según la Ley Electoral el pasado 8 de agosto era el tiempo estipulado para publicar padrones electorales en los centros de votación (artículo 42) y entregar a los partidos políticos las ubicaciones de los mismos (artículo 23).

Hasta la fecha el CSE no brinda ninguna justificación del porqué no han sido convocadas. Aunque según el monitoreo realizado por Urnas Abiertas diferentes actores, incluyendo a los partidos colaboracionistas, tienen varios meses trabajando en función de dichas actividades a pesar del silencio y hermetismo guardado por las autoridades electorales.

El próximo 13 y 14 de agosto de manera extraoficial está convocada la Verificación Ciudadana, aunque el CSE no se pronuncie al respecto.

Los partidos colaboracionistas por su parte han iniciado procesos de conformación de estructuras territoriales y elecciones primarias. Además, el proceso administrativo para la producción del material electoral también fue puesto en marcha en una completa falta de transparencia. El CSE no convoca a las elecciones y tampoco vela ni exige que se cumpla con las condiciones que garanticen la legitimidad e integridad del proceso electoral, pues se mantiene el estado policial de facto, la supresión absoluta de las libertades fundamentales y la violencia política generalizada, en el último mes focalizada sobre los medios de comunicación y sus equipos periodísticos.

En este boletín electoral, que tiene por objetivo monitorear el desarrollo de las elecciones municipales, se da cuenta sobre el contexto en el que se desarrolla el proceso electoral, y contiene los siguientes puntos:

1. Actividades electorales de partidos colaboracionistas
2. Material de campaña
3. Violencia política contra periodistas, transportistas y la Iglesia Católica

ACTIVIDADES ELECTORALES DE PARTIDOS COLABORACIONISTAS

A pesar de que las elecciones no han sido convocadas oficialmente y hasta la fecha tampoco se conoce el calendario electoral, los partidos colaboracionistas que volverán a participar del fraude electoral han iniciado actividades electorales de cara a la conformación de tendido electoral y elección de candidaturas, durante el mes de julio se registró un incremento en los actos político electorales.

Las elecciones internas de candidatos de cada partido político son establecidas por medio de sus estatutos internos, los cuales son aprobados por todos sus miembros al momento de constituirse; estatutos que a su vez son inscritos ante el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Se tuvo información de actividades del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza por la República (APRE) y Partido Liberal Independiente (PLI), ninguno de estos eventos fueron asediados por la policía o prohibidos por el gobierno, a pesar de la violencia generalizada y estado policial de facto que mantiene el régimen en el país. No se cuenta con información sobre los procesos de los partidos Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Partido Liberal Independiente (PLI) o YATAMA. El movimiento Partido Conservador Republicano (PCR), conformado por integrantes del ilegalizado Partido Conservador (PC) ha informado que mantiene trabajo territorial y establecerá alianzas con otros partidos ya constituidos.

Partido Liberal Constitucionalista (PLC)

• María Haydeé Ozuna y otros operadores del partido han hecho contacto con liderazgos liberales y “azul y blancos” de diferentes municipios para ofrecerles candidaturas, estos acercamientos incluyen a algunas personas del ilegalizado partido CxL de las que han sido destituidas. 
• En algunos casos los ofrecimientos son precandidaturas o candidaturas (sin proceso previo) a alcaldes, o bien como primer concejal. Además, han ofrecido a las personas que sí aceptan pueden proponer toda la plancha de concejales o para el Consejo Electoral Municipal (CEM).
• Algunas personas que fueron parte de estructuras opositoras como la Unidad Azul y Blanco (UNAB) han aceptado candidaturas por el PLC.
• Están convocando a personas para incorporarse en los CEM y han entregado motocicletas para el trabajo electoral a las personas que integran sus estructuras territoriales.
• En algunos municipios ya se realizaron elecciones primarias, especialmente en los que generan mayor interés en algunos pobladores que aspiran lograr una concejalía al quedar en segundo lugar como fórmula de alcalde y vice alcalde. 
• Lester Flores, del Comité Ejecutivo del partido, informó contar con el 95% de las candidaturas. Asimismo, indicó tener información sobre las fechas de las actividades electorales a pesar que el calendario no ha sido publicado ni el CSE se ha pronunciado al respecto.
• Indican que su tendido electoral estará conformado por unas 40 mil personas. Están capacitando a los fiscales y dicen contar con el 70% de sus fiscales. 
• En sus redes sociales han hecho públicas sus candidaturas en Nagarote, El Sauce, El Crucero, La Paz Centro y Rancho Grande.
• Durante el mes de julio han sostenido reuniones en diferentes municipios donde se hacen presentes las fórmulas ya electas o bien diputados y presidentes municipales del partido, en ningún caso se ha reportado asedio policial.

Alianza por la República (APRE)

• El 8 de julio informaron que después de un proceso de elecciones primarias se eligió como candidato a alcalde a Winston Betanco y a vicealcaldesa a Cristian Osorio por el municipio de Managua.
• El candidato Winston Betanco es además diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por APRE, la única diputación que tiene este partido en dicho parlamento. Fue directivo nacional del Partido Conservador (PC) hasta su cancelación en 2021 e indica que ahora tiene una alianza de hecho con APRE a través de la “Unidad Conservadora”.
• Informaron contar con el 80% de las candidaturas que se necesitan en los 153 municipios. 
• En sus redes sociales han hecho públicas sus candidaturas en San Rafael del Sur, Nagarote, Chichigalpa, Jinotega, Matagalpa y Granada.
• Anunciaron que trabajarán en el fortalecimiento de sus estructuras y de sus propuestas, comenzaron con reuniones barriales el 11 de julio en el Distrito II de Managua.
• Han realizado visitas departamentales, en ningún caso se ha reportado asedio policial.
• Carlos Canales, presidente del partido, informó que están en alianza con 16 diferentes organizaciones, incluyendo sindicatos, movimientos de jóvenes y políticos. El 15 de julio firmaron una alianza con el movimiento juvenil “Nuevas Ideas”.

Alianza Liberal Nicaragüense (ALN)

• Están convocando a personas para incorporarse en los Consejos Electorales Municipales (CEM)
• Están contactando a personas en diferentes municipios para conformar Juntas Directivas en los lugares donde todavía no las tienen constituidas.
• Han informado que han sostenido reuniones con precandidatos y estructuras departamentales de Managua, Rivas, Granada, Masaya, Carazo y León, en ningún caso se ha reportado asedio policial.

MATERIAL DE CAMPAÑA

Se tuvo conocimiento, que una vez más  la empresa Inversiones Papeleras S.A. (Inpasa) ha iniciado el proceso de producción de material electoral, el que incluye boletas, urnas, cajas de votación, padrones, manuales, material de señalización y otro tipo de papelería, hasta la fecha todavía no se conocen las personas que estarán incluida en la boleta porque no se ha completado el proceso de inscripción de candidaturas.

Las boletas tienen que estar impresas para finales de octubre cuando inicia el proceso de envío de maletas electorales a cada Junta Receptora de Votos (JRV).

Hasta el 15 de Julio, el Consejo Supremo Electoral (CSE) no había publicado en el portal único de contrataciones (www.nicaraguacompra.gob.ni), su Plan Anual de Contrataciones (PAC). Este debe de ser publicado cada año según la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley No. 737) y su reglamento. El artículo 58 de este reglamento recalca que debe publicarse no más allá del primer mes del período presupuestario (Enero-Diciembre).

Extraoficialmente es sabido que la contratación para elaborar las boletas electorales se realiza a través de un proceso de contratación simplificada, que es un tipo de contratación solamente posible bajo circunstancias especiales (Arto. 58 de la Ley 737). No obstante lo anterior, el proceso inicia con la publicación de la invitación tanto en el portal único de contrataciones como en La Gaceta, y la información completa sobre la adjudicación de la misma debe de ser  publicada. 

Al revisar el portal único de contrataciones se pudo observar que no se había publicado ni el PAC, ni ninguna documentación sobre la posible contratación para la impresión de las boletas electorales.

Este año, al CSE se le aprobó, dentro del Presupuesto General de la República, un total de C$1,823.08 millones de córdobas, equivalentes al 2% del gasto total aprobado. Generalmente, lo asignado al CSE equivale al 1% del gasto total, pero en años electorales este aumenta entre el 2% y 3%, siendo la organización de las elecciones la actividad con mayores recursos.  Por ejemplo, para las elecciones municipales de 2022 se asignaron C$1,465.74 millones de córdobas, de los cuales $806.71 millones son para reembolso de los partidos políticos en las elecciones generales de 2021. El reembolso de los partidos políticos por las elecciones de este año será asignado en el presupuesto de 2023, y tendrá un equivalente, según el arto. 18 de la Ley Anual de Presupuesto General de la República 2022, a C$457,71 millones de córdobas.

En ningún lugar del Presupuesto General de la República 2022 o 2021 se muestra información sobre el costo de contratación para la impresión de las boletas electorales, pero como se mencionó anteriormente, esta debiera saberse a través de la publicación del PAC del CSE y el portal único de contrataciones. 

VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA PERIODISTAS Y TRANSPORTISTAS

A medida que diferentes actividades avanzan como si se tratara de un proceso electoral legítimo y transparente, el régimen continúa cometiendo actos de represión contra periodistas, transportistas y miembros de la Iglesia Católica. 

Durante el mes de julio e inicios de agosto se observó un incremento en la violencia política contra periodistas, que incluye asedio policial, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. Incluso una cantidad todavía indeterminada de periodistas se han tenido que exiliar.

Entre los eventos de mayor preocupación se destacan:

• El 6 de julio dos trabajadores del diario La Prensa fueron arrestados y llevados a la Dirección de Auxilio Judicial “El Chipote”, luego de dar cobertura a la expulsión de 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad. Dos días después, el 8 de julio el Ministerio Público, mediante el Juez Séptimo Penal de Audiencias de Managua, Abelardo Alvir Ramos, dictó 90 días de prisión para los colaboradores de este medio mientras la Fiscalía realiza el proceso de “investigación”. El Fiscal a cargo del caso es Manuel Rugama, quien estuvo a cargo del proceso arbitrario contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBC) por lavado de dinero en el cual ilegalmente condenaron a Cristiana Chamorro, Marcos Gómez y Marcos Fletes a 13 años de cárcel.
• El 7 de julio un ex gerente de un medio de comunicación fue arrestado por la Policía Nacional. 
• El 13 de julio, reportes periodísticos indicaron que la policía ocupó una cámara, un teléfono y otros accesorios de trabajo al periodista Francisco Cantillano, corresponsal de Canal 10 en el departamento de Boaco, luego de que diera cobertura a una protesta de feligreses católicos por la detención del padre Leonardo Urbina. Además, le fue entregada una citatoria para presentarse a la estación policial el 14 de julio, según reportes ciudadanos de la zona. 
• El 21 de julio el diario La Prensa, el más antiguo del país y cuyas instalaciones están ocupadas por la Policía desde hace casi un año, informó que se vió obligada a sacar a su personal de redacción (conformada por editores, periodistas y fotógrafos) y reorganizarla en el exilio debido a la persecución contra su equipo periodístico.
• El 24 de julio la antropóloga y periodista guatemalteca Irma Alicia Velasquez fue detenida en el aeropuerto de Managua y expulsada del país.
• El 1 agosto Telcor ordenó el cierre de 8 radios católicas ubicadas en Matagalpa: Radio Hermanos de Matagalpa, Radio Nuestra Señora de Lourdes de La Dalia, Radio Santa Lucía de Ciudad Darío, Radio Católica de Sébaco, Radio Nuestra Señora de Fátima de Rancho Grande, Radio San José de Matiguás, Radio Alliens de San Dionisio y Radio Monte Carmelo de Río Blanco. Ya suman 12 medios católicos en total: 8 radios, 3 canales y 1 periódico en lo que va de 2022.
• El 2 agosto Telcor ordenó el cierre de la radio comunitaria feminista Radio Vos, ubicada en Matagalpa, y el canal de televisión RB3, en Río Blanco.  

Esta situación solo ha empeorado desde junio, cuando el organismo regional Voces del Sur documentó que “el periodista Jacdiel Rivera corresponsal de Canal 10 en el departamento de Madriz fue víctima de obstrucción de su trabajo periodístico en 2 oportunidades; la primera mientras se disponía a cubrir una supuesta incautación millonaria de dólares y la segunda intentando grabar imágenes sobre un accidente de tránsito. Ambos casos no tenían ninguna vinculación con temas políticos, sin embargo, los agentes policiales le negaron rotundamente el derecho a obtener información”. En ese mismo mes, tres medios independientes de cobertura nacional tradicional se vieron obligados “a sacar de sus agendas noticiosas los temas políticos”, según Voces del Sur. 

Alrededor de 21 medios de comunicación (12 católicos) han sido clausurados desde 2018 y 140 periodistas se encuentran exiliados, según registro de la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN).

Asimismo, se han verificado reportes relacionados a represalias y hostigamiento contra transportistas en diferentes municipios del país. Dos de los casos más relevantes fueron:

• El 27 de mayo la Policía rodeó la alcaldía municipal en Bluefields cuando los taxistas llegaron a solicitar aumento en su tarifa.
• El 21 de junio se reportó la cancelación de 8 concesiones a 6 transportistas en Juigalpa, por órdenes del alcalde Erwin de Castilla, después de que estos dejaron de circular y estacionaron sus unidades frente a la Catedral solicitando un incremento en la tarifa, ante el incremento del combustible. 

En otros municipios las Alcaldías les han indicado a las mototaxis y taxis que están obligados a portar la bandera del FSLN bajo amenazas de despido o retiro de permisos y concesiones. Asimismo, han sido obligados a que no participen en actividades católicas bajo las mismas amenazas.

Por otro lado, los ataques contra la Iglesia Católica registraron un incremento en los meses julio y agosto:

• 4 de agosto: asedio a Monseñor Jorge Solórzano en la Catedral de Granada.
• 3 de agosto: Fuerzas policiales plantaron un cerco policial en las afueras y calles aledañas de la Curia Episcopal de Matagalpa y casa de habitación de Monseñor Rolando Álvarez.
• 1 de agosto: Toma de las instalaciones y equipos radiofónicos de Radio Católica de Sébaco y asedio de la capilla Divino Niño de Praga y el Colegio San Luis Gonzaga ubicados en el departamento de Matagalpa. Durante el operativo los agente policiales y paraestatales realizaron uso de armas de fuego y gases lacrimógenos contra de las personas que se encontraban dentro y fuera de las instalaciones. También se registró uso desmedido de la fuerza contra la población civil y la captura arbitraria de tres personas, que posteriormente fueron liberadas. 
• 13 de julio: Policía detiene a monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro y vicario episcopal del departamento de Boaco, por una supuesta denuncia de violación a una menor de edad. Urbina se convirtió en el segundo sacerdote arrestado en Nicaragua en 2022. El primero fue Manuel García, párroco de la Iglesia El Calvario del municipio de Nandaime, capturado el 1 de junio y condenado a dos años de cárcel y a 200 días de multa por supuesto delito de amenaza con arma contra cinco personas, luego que una mujer negó acusaciones de violencia en contra el religioso. En ambos casos se han denunciado graves violaciones al debido proceso.

El ambiente violento y represivo en el que el régimen totalitario mantiene a la ciudadanía nicaragüense demuestra que no existe voluntad política para desarrollar un proceso electoral justo, legítimo, íntegro y transparente.