4 de noviembre. La jornada previa de las elecciones municipales en Nicaragua está marcada por una serie de denuncias de coacción del voto, violencia política contra la población opositora, noticias falsas para provocar que la ciudadanía vote a través del miedo, incertidumbre en municipios que planean defender el voto y un profundo desinterés ciudadano en los comicios, provocado por la desconfianza en la autoridad electoral.
A pesar de los 31.1 millones de dólares que le costará al país estas elecciones municipales, no se evidencia un ambiente electoral por el notorio silencio que hubo durante los 20 días de campaña, del presupuesto total, más de un 40% será destinado para reembolso a los partidos participantes del proceso. Una muestra más de que tanto el FSLN como los partidos colaboracionistas lucran con el deterioro democrático y las violaciones de Derechos Humanos en Nicaragua.
También hemos recibido denuncias de violaciones al silencio electoral contemplado en el artículo 85 de la Ley Electoral, que establece que 72 horas antes del día de votaciones deberá cesar toda actividad de campaña electoral, sin embargo, el FSLN ha transmitido viñetas radiales, realizado programas con sus candidaturas y difundido mensajes de campaña a través de redes sociales.
Coacción a trabajadores públicos para llenar las urnas
En la última semana, Urnas Abiertas ha recibido denuncias de coacción a trabajadores del Estado, especialmente del sector salud y educación, para obligarlos a llenar las urnas el próximo 6 de noviembre. Además, los y las funcionarias están siendo sometidos a presión para que lleven a sus familiares mayores de 16 años a votar y que envíen pruebas de que fueron parte de este proceso, esta coacción está a cargo de las estructuras partidarias del FSLN.
También se ha reportado que trabajadores del Estado son hostigados en sus barrios por los CPC para que asistan a votar. En menor medida se ha denunciado que estudiantes de universidades públicas también están siendo obligados. Y por último, se han recibido reportes de medianos y pequeños empresarios que están siendo amenazados con la cancelación de sus permisos de operación en caso de que no asistan a las urnas.
Asedios y detenciones
Durante la semana, se verificaron al menos 7 detenciones en 4 departamentos de Nicaragua. En la detención de los activistas de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), Mildred Rayo y Miguel Flores, se denunció la participación del Ejército de Nicaragua, quienes mantuvieron por más de 24 horas con paradero desconocido a las personas detenidas.
A pesar que habían disminuido los asedios policiales en las casas de personas opositoras, a inicios de noviembre se reportó un incremento de este tipo de hechos. Algunos de los hechos de violencia política registrados indican que las fuerzas policiales al mando del régimen de Ortega usan el pretexto de las elecciones para hostigar, señalando a personas de hacer actividades o difundir mensajes en contra de la farsa electoral promovida por el gobierno.
Además, se reportó incremento de la presencia militar y policial, en algunos casos se indica que aprovecharon el traslado de material electoral para realizar despliegue desproporcionado de fuerzas armadas.
Según la información oficial, en el traslado de material electoral estará a cargo del Ejército de Nicaragua (con 500 medios de transporte entre pesados, ligeros y especiales; 80 medios navales y 7 aéreos, 400 medios de comunicación y protección a 300 objetivos) y la Policía Nacional (con 16.125 fuerzas policiales y 6.742 medios motorizados).
Asimismo, se recibieron reportes de que en algunas localidades la población ha observado presencia de drones por las noches con el objetivo de mantener la vigilancia sobre estos territorios.
El monitoreo ciudadano realizado indica que a pesar de la notoria disminución del asedio policial y paramilitar, el régimen durante todo el año ha perfeccionado el espionaje barrio a barrio a través de sus operadores políticos, lo cual ha provocado la aplicación de otras manifestaciones de violencia política como son negación de documentos, obstaculización de actividades comerciales, limitaciones en el acceso a servicios y derechos, entre otras cosas. Por esta razón, se ha hecho menos necesaria la presencia de agentes policiales, ya que los secretarios políticos y los CPC tienen bajo control todo lo que pasa en sus territorios. Esto ha generado un ambiente de miedo que ha desmovilizado la protesta social, incluso de manera virtual.
Esta disminución también está vinculada al gran número de opositores que han migrado forzadamente en los últimos meses, así como a la focalización de la represión a lo interno de las filas del FSLN durante el mes de octubre.
Municipios preparados para defender el voto
A pesar de que no existe competencia electoral y de la colaboración entre el régimen y las cúpulas partidarias, en al menos 13 municipios del país se articularon esfuerzos ciudadanos para defender el voto, especialmente en aquellos territorios históricamente opositores al FSLN.
No obstante, persiste un ambiente de temor ante la vigilancia por operarios políticos y el incremento de presencia policial. Como en el caso de Muelle de los Bueyes, una alcaldía gobernada por el liberalismo durante más de 30 años, donde simpatizantes del PLC fueron asediados durante la caravana de cierre de campaña.
Noticias falsas
En su afán de llenar las urnas, el régimen ha propagado noticias falsas para generar miedo y presionar a la población a votar. De acuerdo a los reportes recibidos las estructuras partidarias del FSLN han circulado entre las personas que si alguien no acude a votar no tendrá el derecho a renovar su cédula porque será eliminado del Padrón Electoral. Asimismo, circulan rumores de que si las personas no andan la cédula ponchada (como en procesos anteriores) ya no será funcional. Cabe señalar que la legislación no contempla ningún procedimiento en el que se vincule el derecho de cedulación con la aparición en el catálogo de electores.
Otra información que han distribuido para infundir temor, es que las boletas electorales llevarán impreso un código para monitorear por quién votaron las personas, y en caso de no confirmar votos a favor del FSLN se aplicarán represalias, especialmente contra trabajadores del Estado.
Observatorio de violencia política
Entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2022 se registraron 709 hechos de violencia política en Nicaragua provenientes de todos los departamentos y regiones autónomas del país, y de 73 de los 153 municipios (47.71%).
En 7 departamentos se concentran el 80% de los hechos de violencia política: Managua, Matagalpa, Masaya, Granada, Jinotega, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur y Nueva Segovia.
En 21 municipios se concentran el 80% de los hechos de violencia política: Managua, Masaya, Matagalpa, Tipitapa, Bluefields, Jinotega, Granada, Diría, Ticuantepe, Rivas, Jinotepe, Somoto, Chinandega, Waslala, Nandaime, Jalapa, León, Ocotal, Nueva Guinea, Sébaco y Santa María de Pantasma.
En todo el territorio nacional, 5 de cada 10 hechos responden a asedio y hostigamiento (342) los demás hechos se categorizan como: medidas administrativas (104), agresión (64), persecución judicial (63), tortura y malos tratos (54), detención (49), muerte (2) y otros (31).
Aunque el asedio y hostigamiento continúa siendo la manifestación de violencia política más frecuente, en los últimos meses se hace notorio el incremento del uso de medidas administrativas para reprimir a la ciudadanía, lo que coincide con la escalada totalitaria que denunciamos desde Urnas Abiertas al inicio del proceso.
Los meses que mayor cantidad de hechos de violencia política registra son abril (164), julio (119) y agosto (118), estos últimos dos marcados principalmente por el asedio a la Iglesia Católica y las cancelaciones masivas de organizaciones de la sociedad civil.
En 3 de cada 10 hechos se reportó que la víctima principal fue la ciudadanía general, seguido por integrantes de organizaciones políticas, víctimas directas de la represión y sus familiares, y la Iglesia Católica.
Uno de los casos más evidentes contra las organizaciones políticas, fue la persecución focalizada contra el partido político UNAMOS, quienes sufrieron la detención arbitraria de 14 personas, entre integrantes (10) y familiares (4) durante el mes de septiembre. El liderazgo que no fue detenido se vio obligado al exilio debido a la embestida de la que fueron víctimas.
La represión contra la Iglesia Católica se expresó a través de diferentes manifestaciones: detenciones, persecución judicial, hostigamiento, cancelación de radios católicas, prohibición de procesiones y celebraciones religiosas, y expulsiones del país. Asimismo, los reportes recibidos indican que los departamentos donde se concentró este tipo de hechos fueron Masaya y Matagalpa, en este último el 4 de septiembre se llevó a cabo el secuestro del obispo Rolando Álvarez.
Hasta la fecha, al menos 54 medios de comunicación y más de 2.600 organizaciones de la sociedad civil han sido canceladas, este ha sido el último ataque del régimen para alcanzar el cierre total del espacio cívico.