Parte 2: La inversión pública en el territorio
Sobre un tramo de la pista Juan Pablo II, en Managua, que recorre desde el paso a desnivel el 7 sur hasta la rotonda El Periodista se observan terrenos con propiedades demolidas y predios vacíos a la espera de ocupar uno de los proyectos de infraestructura vial más emblemáticos de la capital.
Se trata del proyecto “Rehabilitación de la pista Juan Pablo II” que según documentación oficial, tendría un costo total de US$ 274.87 millones de dólares, para ejecutarse entre 2019 y 2025, y estaría financiado en un 87.85% por préstamos, provenientes del Banco Europeo de Inversiones (49.48%) y el BCIE (38.37%); mientras que el restante 12% sería aportado con los recursos propios de la Alcaldía de Managua.
Hasta diciembre de 2021 se habría ejecutado un total de 1,194.95 millones de córdobas, los cuales, según la sección de seguimiento a las inversiones públicas del sitio web del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP), se refieren en su mayoría al pago por “Compensación por despeje de derecho de vía de Rehabilitación de Pista Juan Pablo II en la ciudad de Managua”, los cuales suman unos 897.57 millones de córdobas. Esta actividad es administrada directamente por la Alcaldía de Managua.
Asimismo, mediante el Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público (SISCAE), se pudo identificar 10 obras de otra naturaleza desarrolladas en el marco del proyecto Estos contratos fueron adjudicados por valores de unos 228.56 millones de córdobas y 2.24 millones de dólares, distribuidos a 6 proveedores.
Esta es la inversión más importante que se encuentra en ejecución (hasta la revisión hecha al año 2022) del sector transporte y, como lo registra el SNIP, cuenta con 13 obras de las cuales 9 son generación de infraestructura física.
En 2022, se destinó un total de 3,720.49 millones de córdobas para continuar este proyecto, de los cuales 1,099.67 millones se destinaron a las obras de construcción de 5 pasos de desnivel en las intersecciones: El Periodista, ENEL, Metrocentro, Plásticos Robelo y Santo Domingo, según información del SNIP.
Según los hallazgos de este análisis, la mayor parte de los recursos se asignan a aquellos proyectos que tienen ocurrencia en más de un municipio, los llamados multidepartamentales e intermunicipales. En la RACCN, RACCS, Matagalpa, Nueva Segovia y Managua se ejecutan los mayores recursos para proyectos intermunicipales.
Sin embargo, Managua, capital, es el municipio individual donde más recursos se destinaron entre 2017 y 2022. Esta centralización de proyectos y recursos deja en desventaja al resto de municipios.
De acuerdo con los datos publicados en el SNIP, el gobierno dirige los proyectos del PIP a 14 sectores. En los últimos 5 años la infraestructura vial (Transporte) ha sido el rubro de mayor inversión pública en Nicaragua. De acuerdo a un análisis realizado por Urnas Abiertas entre 2017 y 2022 se identificaron 260 proyectos que se desglosan 1,1195 obras individuales, las cuales van desde los estudios de factibilidad del proyecto, hasta la puesta en marcha de la construcción.
El 28.7% de estas obras de Transporte se han dirigido a la Costa Caribe, el 8.5% al departamento de Managua y un 15.46% a los departamentos del centro-norte (Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia; mientras que en Chinandega se registran casi el 6% de las obras.
Fidel Moreno y su red de contratistas
En infraestructura vial se desarrollan, sobre todo, proyectos de construcción, rehabilitación o mantenimiento de carreteras. Sin embargo, junto a esta obra se teje una red de corrupción y favoritismo con un selecto grupo de constructores que según una investigación periodística publicada por Divergentes es orquestada por Fidel Moreno, secretario político de la Alcaldía de Managua y hombre de confianza de la pareja dictatorial.
El analista político Eliseo Núñez, señala que el modus operandi de las licitaciones y contrataciones a estas empresas funciona con la complicidad de toda la cadena y se realiza bajo “contratos conforme los organismos internacionales y son auditables”, no obstante hay detrás procesos irregulares.
En la documentación oficial sobre la pista Juan Pablo II, se encontró que los mayores montos adjudicados los obtiene la empresa “Chavez y Chavez Construcciones Sociedad Anónima”, con el 43.68% (133.18 millones de córdobas). Esta empresa ha sido señalada por tener favoritismos y conexiones con la alcaldía de Managua y la gestión del secretario político del FSLN, Fidel Moreno. Esta compañía pertenece al empresario Santiago Chávez y, de acuerdo a la investigación de Divergentes, sus empresas han sido las más beneficiadas desde 2016.
El análisis realizado por Urnas Abiertas, ubica en segundo lugar de adjudicaciones de la pista a “Desarrollo y Creación de Infraestructura S.A.P.I de CV Sucursal Nicaragua” con el 25% (2.244 millones de dólares). Esta empresa obtuvo contratos bajo la figura de “contratación simplificada” en una clara violación al artículo 28 de la Ley de Contrataciones Administrativas Municipales (801) que faculta a las instituciones actuar así ante una “emergencia o calamidad”.
De acuerdo a Divergentes la empresa Desarrollo y Creación de Infraestructura S.A.P.I de CV – Sucursal Nicaragua es de origen mexicana. En Managua, la compañía no tiene registros ni una dirección exacta o número de contacto. En México, su dirección está ubicada en el estado de Jalisco y está situada muy cerca de la empresa FACOSA (otra empresa beneficiaria de las contrataciones simplificadas de la Alcaldía de Managua), de quien tampoco se tiene mucha información.
En tercer lugar está “Máster Construction Sociedad Anónima” con el 23% (72.32 millones de córdobas). La compañía es dirigida por Leonel Zacarías Corea Aguilar y desde mayo 2016 está afiliada a la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC) y ha recibido diferentes denuncias por el retraso de pago de salarios y despidos injustificados, en 2015 fue demanda por incumplimiento de servicios en el proyecto de instalación de semáforos inteligentes en Managua, según recoge el diario La Prensa.
Esta empresa también está conformada por Leonardo Corea Torres, padre del actual directivo y reconocido consultor en el sector de la construcción, quien desde 2019 funge como presidente de la Asociación en pro del Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua (APRODESNI), una agremiación empresarial que intentó llenar el vacío tras el rompimiento oficial entre el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y el gobierno de Nicaragua por la crisis sociopolítica de 2018, de acuerdo a investigaciones de La Prensa. Esta agrupación ha sido señalada de legitimar el discurso económico del oficialismo y su dirigente, Corea Torres, de ser el interlocutor con el régimen de Ortega.
Master Construction no cuenta con sitio web y la información publicada en sus redes sociales señala que todos los proyectos desarrollados pertenecen a la Alcaldía de Managua u otras instituciones estatales.
Se supone que las obras de construcción propiamente de la pista Juan Pablo II ya habrían sido adjudicadas, pues en el SISCAE se hizo la publicación de una licitación pública internacional para el tramo I y IV del proyecto. No obstante, luego de más de un año, se desconoce quién o quiénes fueron los ganadores.
Carreteras y extracción de recursos en el Caribe
Del total de recursos destinados para infraestructura vial, el 28.7% se ha dirigido a la Costa Caribe. Entre 2017 y 2022, C$18,9 millones de córdobas se han dirigido para la construcción de carreteras y puentes en ambas regiones autónomas.
Existe una correlación positiva entre los niveles de inversión pública y el crecimiento económico. Algunos estudios apuntan a que el impacto de la inversión pública en el crecimiento económico se genera por el aumento en la infraestructura física más que por los flujos de recursos. Para eso, es necesario establecer una planificación y supervisión con el fin de enfocar los recursos en los sectores que más se necesitan en un país.
Tanto el analista político Eliseo Núñez como el municipalista Silvio Prado señalan que aunque el Caribe es una zona especial de desarrollo humano y socioeconómico del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo, el régimen de Ortega ha destinado grandes proyectos para la “extracción de recursos” y no por tener un interés genuino en promover el crecimiento en la región.
“Este es un gobierno que ha apostado por la economía extractiva, por la minería, por los bosques, o sea, por ver el sector de la Costa Caribe como un almacén para saquear productos locales”, dijo Prado.
Solo en mayo de 2022, el régimen de Ortega otorgó 1,942 manzanas de tierras ubicadas es Waslala, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, a la Compañía Minera Internacional S.A por un plazo de 4 años para realizar procesos de exploración, de acuerdo a una nota publicada por el diario La Prensa. Hasta 2020 se habían entregado 146 concesiones para la exploración y extracción de metal precioso, según datos del Ministerio de Energías y Minas (MEN).
Actualmente el segundo proyecto insignia de infraestructura vial en ejecución es el “Mejoramiento de la carretera Rosita- Puerto Cabezas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte”. Es ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y es financiado en un 99% por el BCIE, a través del Contrato de préstamo No. 2229 “VIII Programa de Mejoramiento y Ampliación de Carreteras del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La información reportada por el SNIP arroja que el proyecto inició efectivamente en septiembre de 2019 y finalizará en noviembre de 2023, teniendo un costo total de 7,489.84 millones de córdobas.
El proyecto lo han dividido en siete actividades, las cuales incluyen cinco obras. La obra más grande es el tramo de la carretera “Sahsa – Puerto Cabezas, Tramo II”, la cual estaría a cargo de la constructora MECO S.A”. A este mismo proveedor se le adjudicó el Tramo I de la carretera Rosita – Sahsa. Las otras tres obras físicas del proyecto se adjudicaron a “Constructora Santa Fe Limitada Sucursal Nicaragua”.
La adjudicación de los contratos para estas obras se dieron en un proceso de Licitación Pública Internacional donde se competiría para realizar las obras que se refieren a los tramos de la carretera “Sahsa – Puerto Cabezas”, resultando ganadores los proveedores ya mencionados; sin embargo, los tramos referentes a la carretera “Rosita – Sahsa”, no hay evidencia en el SISCAE de un proceso de contratación de la obra, a pesar de que se informa sobre los proveedores encargados de ejecutarlas. Este tipo de inconsistencias en la información pública es frecuente al intentar fiscalizar y auditar las diferentes instituciones del Estado.
No hay agua para todos en el oasis
A 4 días de las elecciones generales, el 3 de noviembre de 2021, Bluefields celebraba uno de los acontecimientos más importantes: la inauguración del proyecto “Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del alcantarillado sanitario de la ciudad de Bluefields”, que ahora permite a los habitantes de los barrios centrales tener agua potable.
A pesar de ser una de las zonas del país con abundante agua por la lluvia y porque colinda al este con el Mar Caribe, Bluefields no contaba con un sistema de agua para el consumo humano. A pesar de ello no hay agua para todos en el oasis. Los barrios aledaños al casco urbano siguen sin acceso al vital líquido.
Un sondeo realizado por las redes ciudadanas de Urnas Abiertas recopiló que en algunas comunidades de El Tortuguero, La Cruz del Río Grande, Bocana de Paiwas y Kukrahill el acceso al vital líquido depende de acarrear agua de los pozos o del río, muchos de los cuales ya dan muestras de sequías.
El sistema de agua recién inaugurado es un sueño cumplido y una de las demandas ciudadanas que históricamente han ocupado las agendas políticas de los gobiernos regionales. Pero el crédito “no puede ser para el FSLN”, dice *Roberto, un lugareño que atribuye este proyecto a él y la ciudadanía. “Dicen que solo con el Frente se pudo, pero aquí las organizaciones nos han ayudado, incluso don (Enrique) Bolaños q.d.e.p. hizo el primer intento de traernos agua”, cuenta.
No es casualidad. En mayo de 2006 el ex presidente Enrique Bolaños (q.e.p.d) inauguró un proyecto desalinizador de agua potable que garantizaría el vital a 1,151 usuarios. Sin embargo, la obra fracasó. Desde que Ortega regresó al poder en 2007 han tomado esta necesidad histórica de la población costeña para hacer propaganda política. Al igual que alcaldes anteriores, los ediles sandinistas hicieron promesas durante años sobre este proyecto.
Durante la inauguración del proyecto de agua en Bluefields, Ervin Barreda, presidente de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) hizo un guiño a la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mientras el propagandístico Canal 4 atribuyó este importante proyecto a “la buena gestión” del régimen de Ortega a través de ENACAL.
Sin embargo, este proyecto estuvo financiado en un 47% por un préstamo del BCIE, donaciones de la Unión Europea (27%) y el Gobierno de España (20%) y ejecutada con apenas 5% de fondos del tesoro.
El de Bluefields es el proyecto de agua potable más costoso y grande de Nicaragua y es parte de las obras construidas en los últimos 5 años. El agua, saneamiento y alcantarillado es el tercer rubro que más recursos recibe del Programa de Inversiones Públicas (PIP) con un 12.55% y 18,927.04 millones de córdobas.
El equipo de Urnas Abiertas a cargo de esta investigación encontró un total de 149 proyectos y 1,114 obras entre 2017-2021, que son ejecutados principalmente por ENACAL. Sin embargo, los fondos de estos proyectos provienen principalmente de préstamos y donaciones.
Las obras más importantes del proyecto se refieren al “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Bluefields” y la “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bluefields”. Ambas absorben el 88.4% de los costos totales del proyecto, siendo el referido a la construcción el más costoso (47.5%).
Por su parte, el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable se dividió en 8 contratos, adjudicándose los dos más grandes a la empresa alemana Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co.KG., que ascienden a 485.98 millones de córdobas.
Los hallazgos de esta investigación demuestran que el proyecto “Mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del alcantarillado sanitario de la ciudad de Bluefields” es uno de los proyectos que mayor información se pudo identificar en el SISCAE, pues se logró encontrar 11 de los 12 procesos de contratación que se realizaron. No obstante, otros proyectos del mismo y otros rubros cuentan con información incompleta.
En Nicaragua todavía hay zonas donde la población carece de acceso a agua segura y la adquisición de este líquido sigue siendo una travesía, en comunidades rurales del corredor seco donde solamente el 59% de la población tiene acceso al agua, según Water for People que hasta enero 2023 trabajaba en Nicaragua.
A nivel general, se observa que los proyectos de inversión no cuentan con la misma información pública, lo que limita que la población pueda ejercer una correcta fiscalización. Existe una arbitrariedad por parte del gobierno al decidir en cuáles proyectos presentar información y en cuáles no. Tampoco hay posibilidad de que la ciudadanía incida en las decisiones de la inversión pública, a pesar que los proyectos deberían apuntar a mejorar la calidad de vida, toda esta situación por una parte profundiza la falta de transparencia y por otra obstaculiza que se logren avances en el desarrollo y bienestar social.
A juicio del municipalista Silvio Prado, el desarrollo local está en riesgo pues las personas más allá de carreteras necesitan que el gobierno “genere posibilidades de igualdad de oportunidades para las personas y eso sólo se logra si funciona lo que se llama a nivel académico los ascensores sociales, es decir si a las personas se les dan posibilidades de educación, salud, vivienda, de mejorar sus condiciones de vida”, apuntó.