En algunos municipios del Norte y del Caribe de Nicaragua miles de personas se desplazan todos los días a pozos lejanos de sus hogares para abastecerse de agua, a pesar de que cuentan con servicio domiciliar. Estas personas denuncian a Urnas Abiertas que el agua que llega a sus viviendas “huele a sucia” y parece llegar “sin tratamiento”.
Una aproximación no oficial, reveló que para 2015 las personas sin acceso a agua terminaban pagando hasta 35 veces más en comparación con quienes tienen el servicio en su vivienda (1m3 sin acceso al agua = US$ 7.5; 1m3 con acceso al agua = US$0.21) y consumiendo menos agua.
Otra preocupación que señalan las redes ciudadanas es que el deterioro de los mismos pozos ha provocado que “se filtren aguas de mala calidad” en estos. Particularmente en la época de lluvias, cuando los pozos se inundan, el agua se contamina y, a veces, se convierten en “focos de enfermedades”. Lo anterior es especialmente preocupante para las redes ciudadanas en el caso de las escuelas y colegios. Los niños y niñas nicaragüenses asisten a clases en condiciones insalubres y sin la seguridad de poder tomar agua en sus centros de estudio.
Además, existe un abandono de las instituciones en general. Hace muchos años el Ministerio de Salud (MINSA) se encargaba de realizar campañas para el tratamiento de aguas, en las que las familias recibían información para realizar en sus propias viviendas el tratamiento de lo que recogían en los pozos o la lluvia y así evitar la incidencia de enfermedades infecciosas, sin embargo, ya no lo están realizando. Asimismo, en los últimos meses ENACAL ha ralentizado el servicio de envío de cisternas a comunidades que no cuentan con pozos cercanos ni con sistema de abastecimiento, en algunas ocasiones los vecinos tienen que estar insistiendo para que les envíen la cisterna.
Organizaciones ambientales han advertido que el abastecimiento y saneamiento del agua se ve limitado y condicionado por actividades extractivas, el monocultivo y el despale indiscriminado. La falta de planificación estatal ante el aumento de la población se ha convertido en un obstáculo, pues los pozos de agua existentes han perdido su capacidad de abastecer a la ciudadanía que ha aumentado considerablemente. El cierre de organizaciones sociales que antes trabajaban junto a las comunidades también han dejado un gran vacío en la gestión de proyectos para mejorar el acceso y la calidad del agua.
El Gobierno de Nicaragua en 2015 anunciaba que se preparaba para contar con el “mejor sistema de agua y saneamiento rural de América Latina”. La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) anunció para 2024 un incremento del 47% de su presupuesto en comparación a 2023, el cual supuestamente será invertido en proyectos de agua potable, saneamiento, construcción de pozos, abastecimiento con cisternas, entre otros proyectos. Sin embargo, en las líneas estratégicas que presentaron no explicaron cómo piensan resolver la mala calidad del agua y la contaminación de los pozos que preocupa a la ciudadanía. Según el Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), Nicaragua solamente cuenta con un 2.12% de servicios de agua potable gestionados de forma segura.
La ciudadanía denuncia que cuenta con pocas herramientas para fiscalizar o participar en la gestión del agua, pues a pesar de que existen más de 5 mil Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) en el país, estas instancias han sido cooptadas por el oficialismo o bien se encuentran en total abandono, lo que les impide gestionar adecuadamente los sistemas de abastecimiento. Asimismo, señalan que los proyectos de agua y saneamiento son constantemente instrumentalizados para hacer campaña a favor del régimen, en lugar de solventar los problemas reales de la población.
A pesar de las millonarias inversiones que ha hecho el Estado de Nicaragua, con fondos provenientes del tesoro, donaciones y préstamos, el problema de acceder a agua potable parece ser todavía un problema sin resolver. Y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) no demuestran estar preocupadas por la gestión adecuada de los recursos que le entregan al Gobierno.
En 2019, se inauguró un Mini Acueducto por Bombeo Eléctrico (MABE) en Karawala, Costa Caribe Sur, con una inversión de 22 millones de córdobas, que suponía daría acceso al agua a más de 300 familias. Este proyecto fue financiado por la alcaldía, el Nuevo FISE, el Banco Mundial y una contrapartida de la comunidad. Sin embargo, algunos residentes de la zona afirman no utilizar este sistema de abastecimiento debido a la baja calidad del agua, la cual, según indican, podría estar relacionada con un deficiente mantenimiento.
La Costa Caribe enfrenta constantemente la amenaza de huracanes, y las redes ciudadanas destacan que la principal necesidad tras estos desastres es limpiar las fuentes de agua potable. No obstante, las donaciones internacionales que se reciben no se destinan a atender esta urgencia. Además, el hermetismo gubernamental impide que la población conozca con claridad cómo se utilizan los fondos recibidos tras el paso de los huracanes.
Un problema de desigualdad y corrupción
La justicia hídrica no es algo que preocupe a la administración orteguista. Al contrario, el agua se ha convertido en un bien privado que alimenta las redes de corrupción del régimen, ejemplo de esto es la práctica de extracción ilegal de agua en hidrantes por parte de empresas privadas en complicidad con ENACAL.
El agua ha sido privatizada para el beneficio de la agricultura y la empresa privada, mientras el consumo de la población ha pasado siempre a un segundo o tercer plano. Por ejemplo, empresas privadas, concesionarias extractivistas, y grandes agricultores, cuentan con al menos 300 pozos para utilizar el agua en función de sus negocios, mientras que ENACAL administra alrededor de 200 pozos para el consumo de agua por parte de la población.
Luego de varias negociaciones, recursos de amparo y presiones, el gobierno de Ortega intentó fijar una tarifa a las empresas privadas de 12 córdobas por cada mil litros de agua, entre 2008 y 2011. Al final los empresarios lograron negociar un precio de apenas 0.05 centavos de dólar (menos de 2 córdobas) por cada mil litros extraídos. Aunque es un precio casi 7 veces menor, incluso este ha estado plagado de irregularidades para ser cobrado. En comparación, en 2020 el costo del servicio de agua para uso residencial era de 9.8 córdobas por cada mil litros de agua consumidos.
La extracción de grandes volúmenes de agua por intereses privados, sin una retribución justa, ha impedido que el Estado recaude fondos suficientes para enfrentar la dramática crisis del acceso y la calidad del agua.
La población tiene claras las soluciones. Las redes de Urnas Abiertas recomiendan tanto el mantenimiento y la reparación de pozos e infraestructuras existentes, como la apertura de nuevos pozos para atender las necesidades de una población en crecimiento. Sin embargo, es el deterioro de los pozos lo que representa el problema más urgente y viable de resolver a corto plazo. Además, es imperativo que el Estado de Nicaragua utilice adecuadamente los recursos recibidos, garantice la calidad de los proyectos y que las alcaldías trabajen con una visión de desarrollo local, en lugar de simplemente cumplir órdenes del Ejecutivo, ya que estas no pueden satisfacer las necesidades específicas de la población en los territorios.
Estas demandas encuentran un canal de expresión en #DesdeElTerritorio. En los últimos años, el gobierno ha identificado y desplazado a líderes comunitarios que han trabajado en proyectos de agua y saneamiento, tomando control de estos proyectos, que lamentablemente no han mantenido el mismo nivel de eficacia. “El agua es vida”, dicen las personas en las redes ciudadanas, pero advierten que “consumimos agua contaminada o sin calidad, no vamos a tener futuro o vida”.