En una región del Caribe en Nicaragua, dos jóvenes decidieron pasar la tarde e ir a un bar a disfrutar. Las horas pasaron y los temas también, conversaron sobre política, economía y el futuro del país. En la plática nunca se habló de Daniel Ortega, Rosario Murillo o la dictadura nicaragüense. Sin importar los detalles, el tiempo pasó y llegaron las autoridades. Las personas fueron detenidas y, hasta el día de hoy, se desconoce su paradero.
A pocos kilómetros de ahí, trabajadores de plantaciones se trasladan en camiones para cumplir con su jornada laboral, continuamente estos camiones son detenidos por agentes policiales para catear y revisar los equipajes de los pasajeros, así como sus teléfonos en busca de información que pudiera comprometer su trabajo, o mensajes con críticas al gobierno o simplemente para obtener datos personales.
En otro rincón del país, un jubilado se enfrenta a la realidad de un estado de sitio permanente cada mañana cuando mira las noticias en redes sociales, con el volumen al mínimo, temeroso de que sus vecinos descubran el contenido que consume. Este miedo, profundamente arraigado, no es aislado; es un reflejo de la opresión que experimenta la sociedad nicaragüense bajo un régimen que persigue a todos aquellos que no se alinean con el discurso oficial.
El territorio nacional está lleno de historias similares que demuestran la grave situación para las libertades en Nicaragua. Actualmente todos los sectores que no se muestran afines al régimen dictatorial se encuentran perseguidos, como la academia, grupos de mujeres y feministas, activistas ambientalistas, campesinos y campesinas, médicos, profesores, estudiantes expulsados, periodistas, sociedad civil o grupos opositores. La desaparición de estas personas en la Costa Caribe lamentablemente se suma a una larga lista de prácticas autoritarias con las cuales el régimen pretende retener el poder
La vigilancia a la que está sometida la población nicaragüense revela un control absoluto sobre la vida pública y privada. El gobierno revisa celulares, vigila conversaciones y persigue cualquier manifestación de disidencia, lo que transforma a Nicaragua en un régimen totalitario que gobierna a través del miedo y la represión. Estos arrestos no son solo un castigo, sino un método para adoctrinar a la población, demostrando lo que sucede cuando se desafía al gobierno.
Las dos personas arrestadas simplemente por comentar la realidad del país representan la evidencia de que el poder del gobierno se ha vuelto omnipotente y omnipresente, al punto de controlar todos los ámbitos de la sociedad. El orteguismo ha pisoteado los derechos fundamentales de la gente, bajo el argumento de que la revolución necesita patriotas y no traidores. En esta línea, el informe 2024 de Human Rights Watch (HRW), afirma que “el gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, continúa reprimiendo a todos los sectores de la sociedad y ha profundizado el aislamiento internacional de Nicaragua”. Dicho informe encuentra que las violaciones a los derechos humanos han venido empeorando desde 2018. En 2023, el reporte específica que este recrudecimiento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos se evidencia en: la persecución contra críticos al gobierno, ataques a la libertad religiosa, represión del gobierno que atenta contra de la libertad de expresión y asociación, y serias violaciones documentadas contra los derechos de los pueblos indígenas.
Además de la configuración de una autocracia en el país, es necesario señalar la creación de un Estado policial que identifica como enemigos a personas que simplemente no se muestran explícitamente a favor del gobierno. Lo peor es que estos casos no se denuncian a las autoridades o se hacen públicos, debido al temor a sufrir mayores represalias por parte de la policía, funcionarios del partido o paramilitares. En estas circunstancias, la vulnerabilidad de la población es total.
La estrategia represiva detrás del Estado policial
La persecución ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos meses, con un enfoque particular en la Iglesia Católica y sus seguidores. Los periodistas, por su parte, se enfrentan a “exilio, prisión y muerte“ por el simple acto de informar. Actualmente, en Nicaragua una conversación cotidiana puede ser interpretada como una amenaza al régimen, llevando a la desaparición o encarcelamiento de ciudadanos bajo la acusación de traición a la patria.
Este estado de sitio permanente no es solo una estrategia de control; es la manifestación de un gobierno que ha consolidado su poder hasta convertirse en un Estado policial, un concepto profundamente analizado por filósofos como Hannah Arendt y Giorgio Agamben. Arendt, en “Los Orígenes del Totalitarismo”, describe cómo los regímenes totalitarios buscan dividir a la población, sembrando desconfianza para evitar cualquier forma de resistencia colectiva. Agamben, por su parte, expone en su teoría del “estado de excepción” cómo los gobiernos autoritarios justifican la suspensión de derechos en nombre de la seguridad y la estabilidad, convirtiendo la vida cotidiana en un escenario de constante vigilancia y represión. Una característica de esta forma de operar, es que la gente nunca sabe con quién habla o quién le está escuchando. El objetivo es incentivar la desconfianza entre todos para que no se aborden los temas que el gobierno considera incómodos. Así divide a la población, evita la agrupación de ideas y controla cualquier indicio de organización.
La revolución que una vez prometió libertad y bienestar ahora oprime con mano de hierro, consolidando un monopolio sobre quién puede hablar y qué temas se pueden discutir. Cualquier diálogo sobre política, economía o la vida diaria que no implique un apoyo al régimen se convierte en un riesgo, y la consecuencia es el silenciamiento forzado. Este temor generalizado no solo demuestra la intolerancia del régimen hacia cualquier crítica, sino también su miedo a que una población harta de la tiranía se organice y desafíe su poder.
En conclusión, la dictadura en Nicaragua, como todas las tiranías, revela su fragilidad al depender de un control opresivo para sostenerse. Este temor a la rebelión popular impulsa la creación de un Estado policial, diseñado para silenciar cualquier voz disidente. No obstante, la historia nos enseña que, pese a la represión, el verdadero poder reside en el pueblo, que, al resistir y superar estas estrategias represivas, terminan derrocando a los dictadores.