Parte 1: Inversión pública 2017 - 2022
“Gracias al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo”
Esta es la frase que resuena con la construcción de una carretera o proyectos de inversión pública en Nicaragua. La polarización y narrativa del régimen de Daniel Ortega pintan a una Nicaragua en la que se cumplen los planes de desarrollo y las metas financieras, pero la realidad es que el país está cada vez endeudado, los negocios son extorsionados y los nicaragüenses ganan un bajo salario y pagan impuestos que se manejan de manera opaca.
En Nicaragua, según las cifras publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN), la Inversión Pública representó en 2021 el 9.65% del Producto Interno Bruto (PIB), oscilando en promedio el 7.04% desde el 2011. Sin embargo, se registra una tendencia a la disminución entre 2016 y 2019, obteniendo los más bajos niveles en 2019 producto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde 2018. No obstante, desde 2020 las cifras muestran signos de recuperación, a pesar de la pandemia del COVID-19.
La inversión pública es uno de los motores del crecimiento económico de los países y permite a las autoridades implementar proyectos estratégicos en beneficio de la población. En Nicaragua, ésta es parte de los componentes del PIB, visto a través del denominado “enfoque del gasto”. Según recomiendan organismos internacionales, la inversión pública debe de venir acompañada de una buena supervisión de todo el ciclo de los proyectos para evitar ineficiencias y mejorar el impacto sobre el crecimiento y desarrollo económico. Hasta el momento, Nicaragua no cuenta con metodología para evaluar esta gestión.
Urnas Abiertas construyó una base de datos de 2017-2021 y en ese período detectó que el régimen de Ortega ejecutó 1,030 proyectos y unas 5,473 obras de inversión pública financiados en un 60% por organismos internacionales, sin embargo existen carencias de información sobre estos proyectos, especialmente de los de carácter municipal, los cuales son usados para hacer clientelismo y proselitismo político a pesar de ser pagadas por toda la ciudadanía nicaragüense.
Los hallazgos de estas investigación demuestran que existe un amplio espectro de información respecto a los proyectos de inversión pública, sin embargo no es completa, tampoco es accesible para la población y no existen consolidados. Al momento de construir dicha base de datos el equipo de Urnas Abiertas liderado por el especialista en transparencia tuvo que hacer una revisión exhaustiva de diferentes sitios para extraer la documentación. “Es importante que el gobierno mantenga activa la transparencia de las obras que son realizadas para el beneficio de la ciudadanía”, explicó el economista Leo Labarca.
Desde su regreso al poder en 2007 el régimen ha demostrado ser reacio a la rendición de cuentas y la transparencia de su gestión pública y por el contrario, ha fomentado el cierre de espacios de auditoría social.
Según el último Índice de Percepción de Corrupción (CPI por sus siglas en inglés) publicado en enero de 2023, Nicaragua es el tercer país más corrupto de la región latinoamericana, solo superado por Venezuela y Haití, de acuerdo a la Encuesta de Presupuesto Abierto Nicaragua se encuentra entre los países que brindan información y vigilancia limitada sobre los presupuestos.
Clientelismo político financiado con deuda externa
El 29 de octubre de 2021, a pocos días de las elecciones generales de ese año, el general en retiro y ministro del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), Oscar Mujica inauguró el primer tramo del proyecto insignia de este sector en los últimos años, se trata de la carretera Rosita-Puerto Cabezas en el Caribe Norte. En su discurso, realizado en días de campaña electoral, atribuyó este proyecto a la pareja dictatorial.
“Solo el gobierno del presidente Daniel y la compañera Rosario ha sido capaz de dar respuesta contundente al desarrollo de la infraestructura vial en esta importantísima región del país”.
La inversión de ese proyecto y las más de 5,473 obras de inversión pública ejecutadas entre 2017-2021 a través del Programa de Inversiones Públicas (PIP) están financiadas en más del 60% por el endeudamiento externo, el más alto que ha experimentado Nicaragua en los últimos años.
El PIP es el principal instrumento del régimen de Ortega para realizar proyectos de infraestructura (construcciones) ejecutado por las instituciones del Sistema Público No Financiero (SPNF) y se financia con recursos provenientes del presupuesto de la República (que incluyen ingresos gubernamentales, donaciones y préstamos), así como los fondos propios de entes descentralizados (empresas públicas). El PIP asciende aproximadamente al 72% de toda la inversión pública.
Sin embargo, hasta 2017, los proyectos de inversión pública como carreteras, agua y saneamiento, entre otros, se financiaban mayoritariamente por fuentes internas; pero a partir de 2018 el gobierno empezó a contratar más préstamos para financiar el PIP y actualmente estos recursos financian más del 60% de los proyectos.
Tabla 1. Distribución del PIP por fuentes de financiamiento 2017-2022
Fuente/Tipo | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
Fondos Externos | 47.28% | 51.63% | 65.61% | 67.55% | 68.33% | 72.66% | 63.19% |
Préstamo | 37.53% | 44.62% | 57.26% | 64.13% | 64.93% | 69.50% | 57.73% |
Donación | 9.75% | 7.00% | 8.35% | 3.42% | 3.39% | 3.16% | 5.46% |
Fondos Internos | 52.72% | 48.37% | 34.39% | 32.45% | 31.67% | 27.34% | 36.81% |
Recursos del Tesoro | 51.04% | 46.95% | 32.69% | 31.74% | 28.99% | 25.56% | 35.08% |
Recursos Propios | 1.56% | 1.40% | 1.53% | 0.71% | 2.14% | 1.60% | 1.53% |
Destino Específico | 0.12% | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.54% | 0.18% | 0.20% |
Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados en sitio web SNIP
Para el analista Manuel Orozco, director de Diálogo Interamericano, esta medida de acudir al endeudamiento externo se relaciona con la estrategia de obtener fondos de aliados y como mecanismo para subsidiar el clientelismo económico y político del gobierno. “La obtención de préstamos para obras públicas en particular contribuyen a mantener la estructura gerencial del circulo de poder”, añadió Orozco.
Según la revisión al Presupuesto General de la República (PGR) realizado por UA para esta investigación, entre 2018-2020 el régimen Ortega optó por proteger el gasto corriente, mientras que el gasto de capital, visto desde el Programa de Inversiones Públicas, fue recortado durante dos años consecutivos y se empezó a financiar primordialmente con endeudamiento externo.
Esta medida fue ejecutada con el afán de “garantizar su capacidad de continuar funcionando y aparentar un alto nivel de gobiernabilidad”, según Ligia Gómez, doctora en economía e investigadora. “No se arriesgan a mostrar a sus fieles que no tienen recursos para seguir financiando el gasto corriente, eso implicaría una deserción masiva de funcionarios del régimen”, dijo.
Entre 2017 y 2021 el PIP representó en promedio el 5.5% del PIB, y el 17.4% del gasto total del SPNF. Durante este período, su financiamiento, acumuladamente, proviene en un 63% de fuentes externas, predominantemente de préstamos (57%) y donaciones (5.4%); las fuentes internas equivalen al 36.8%.
Desde 2018, los préstamos externos, pasan de financiar el 37.53% del PIP en 2017, al 64.9% en 2021; mientras que los recursos del tesoro pasan del 51% al 28.9%, en el mismo período. También las donaciones sufren una reducción en este sentido, del 9.7% al 3.1%. El PIP tuvo un comportamiento recesivo entre 2015 y 2019 debido a recortes de fondos, sobre todo internos.
Para la doctora en economía y ex funcionaria del BCN el endeudamiento es preocupante porque “afecta al país a largo plazo”. A su juicio esta es una “decisión política que favorece al gobierno y castiga a los futuros gobiernos que deberán de pagar esa deuda”.
En los últimos 5 años el régimen ha dirigido la agenda de inversión pública a los sectores: transporte, obras y servicios comunitarios, energía, agua, alcantarillado y saneamiento y salud. Sin embargo, el el 43% de los proyectos se concentraron en 3 de los 17 departamentos del país pues son proyectos proyectos dirigidos a las cabeceras, principalmente a Managua donde se ejecutó el 17.28% de los recursos, seguido por las dos regiones autónomas: Costa Caribe Norte (13.98%) y Costa Caribe Sur (11.55%).
Tabla 2. Número de proyectos únicos identificados por departamentos 2017-2021
Número de proyectos únicos identificados por año | ||||||
Departamento | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
Managua | 21 | 33 | 26 | 23 | 76 | 179 |
Región Autónoma Atlántico Norte | 16 | 16 | 13 | 30 | 69 | 144 |
Región Autónoma Atlántico Sur | 19 | 26 | 12 | 17 | 45 | 119 |
Chinandega | 5 | 10 | 17 | 18 | 21 | 71 |
Nueva Segovia | 10 | 1 | 26 | 6 | 17 | 60 |
Boaco | 11 | 9 | 10 | 7 | 12 | 49 |
Jinotega | 9 | 8 | 10 | 6 | 16 | 49 |
Matagalpa | 4 | 11 | 7 | 6 | 17 | 45 |
León | 7 | 4 | 9 | 5 | 19 | 44 |
Rivas | 5 | 3 | 4 | 3 | 23 | 38 |
Carazo | 4 | 4 | 5 | 11 | 13 | 37 |
Estelí | 2 | 4 | 7 | 4 | 20 | 37 |
Madriz | 1 | 1 | 19 | 7 | 7 | 35 |
Río San Juan | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 27 |
Chontales | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 24 |
Multidepartamental | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 | 23 |
Masaya | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 22 |
Granada | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 |
Nacional | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Total | 124 | 144 | 190 | 163 | 409 | 1,030 |
Fuente: elaboración propia a partir de datos publicados en sitio web SNIP
Al desagregar la información de los recursos por municipios, se encontró que entre los primeros 20 municipios se acumularon el 40% de los fondos destinados; sin embargo, en Managua, la capital, se acaparó el 10.38%.
Para el equipo de Urnas Abiertas, a cargo de esta investigación, la distribución de los proyectos de inversión pública es managuacentrista y afecta especialmente a los municipios más pequeños. Los vacíos generados por la reducción a las transferencias municipales que se dieron a partir de 2019 no fueron llenados por estos proyectos. Además, en el informe publicado por Urnas Abiertas respecto a la transparencia municipal, evidencia que las auditorías están identificando casos de corrupción solamente en municipios pequeños, mientras que en las cabeceras no hay información pública para garantizar la transparencia en su ejecución.
Los patrocinadores del régimen
A pesar del aislamiento internacional que provocó el régimen tras la crisis sociopolítica de 2018, entre 2017-2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es el principal patrocinador del régimen y ha pasado de financiar el 21.39% del PIP en 2017, a 39.14% en 2022; en segundo lugar el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que mantiene su proporción en 11.2% (aunque en 2021 aportó el 21% de los fondos) y el Banco Mundial, aunque redujo su flujo de recursos (2.49% en 2017, 6.5% en 2019 y 3.2% en 2021).
A pesar del contexto de violaciones de derechos en Nicaragua y de la falta de institucionalidad estos organismos desembolsan grandes préstamos al régimen de Nicaragua porque “no están atados a si un gobierno es democrático o no, sino si es miembro de la institución, si cumple con los criterios de comportamiento macroeconómicos, política fiscal y monetaria, si tienen récord de dar cumplimiento legal a los contratos adquiridos”, explicó Orozco.
El especialista en Transparencia de Urnas Abiertas a cargo de esta investigación, señala que estos organismos también deben de recordar que la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los recursos debe de tomarse en cuenta en el momento de realizar los desembolsos, estos organismos están ignorando que la capacidad de la auditoría social está reducida en el país y que los proyectos de inversión pública financiados están siendo usados para proselitismo político, aunque esto sea ilegal.