Managua, Nicaragua 3 de mayo de 2022. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de su bancada sandinista que controla la Asamblea Nacional emitió el día de hoy una iniciativa de reforma a la Ley Electoral, Ley 331, que propone un mayor control sobre el proceso electoral, limita la fiscalización ciudadana y contradice las recomendaciones realizadas por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones políticas e internacionales. De acuerdo, a la propuesta se realizarán cambios a nueve artículos de forma unilateral al igual que en 2021.
Ninguna de las nueve reformas propuestas, sugieren reformas de fondo que planteen mejorar la transparencia, o la integridad general del sistema electoral, como la despartidización de las instancias intermedias de administración electoral, tampoco son reformas que permitan la observación electoral independiente.
Reiteramos, Nicaragua necesita un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo. Las condiciones para tener dicho proceso pasa por recuperar las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de las personas presas políticas, el cese a la represión, levantamiento del estado policial, reformas electorales profundas, observación electoral nacional e internacional, incluyendo la labor de organizaciones de derechos humanos durante el proceso electoral.
Reducción de tiempo no es prioridad
La reforma Artículo 16 que plantea una reducción de 15 a 5 días para la presentación de ternas a los Consejos Electorales Departamentales, Regionales y Municipales (CED/CER/CEM), lo que a nuestro criterio evita la fiscalización ciudadana por la rapidez con la que pretenden reducir este paso. La reforma indica que si los partidos no presentan la terna en el tiempo previsto el Consejo Supremo Electoral (CSE) podrá nombrarlos de oficio. Esta reducción de tiempo limita a los partidos políticos autonombrados opositores y beneficia al oficialismo, que controla al CSE, ya que impide cada vez más la posibilidad de que quienes integren los Consejos o las mesas electorales sean neutrales o independientes y, más bien aumenta el control partidario sobre todo el proceso electoral.
Si la intención es mejorar los procesos de los Consejos Electorales, se tomarían en cuenta mejorar otros elementos fundamentales, por ejemplo 1) evitar que las funciones de estos Consejos sean usurpados por secretarios políticos, alcaldes u otros operadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como ocurrió en las elecciones presidenciales; 2) hacer más transparente la elección de estos funcionarios y 3) no aceptar miembros con falsas membresías que usurpan la identidad de otra organización partidaria cuando realmente pertenecen a las filas del sandinismo.
Cabe señalar que Urnas Abiertas documentó una serie de irregularidades el año pasado durante la conformación de estos mismos Consejos Electorales, que son entes de administración intermedia del proceso electoral.
Reducción de campaña electoral sin justificación
Al igual que en 2021, el régimen de Ortega estableció una nueva reducción de 42 a 20 días al período de campaña electoral a través de la reforma al artículo 74, esta vez no se plantea justificación tampoco se brinda información transparente al respecto. Sin embargo, la experiencia del año anterior estuvo marcada por la denuncia de partidos políticos autodenominados rivales del FSLN, quienes se aquejaron del asedio policial y la denegación de permiso de mítines, caravanas y concentraciones partidarias solicitadas en el marco establecido.
La reducción de la campaña electoral, en un proceso bajo condiciones normales, podría restringir a la ciudadanía la oportunidad de conocer el plan de gobierno, los perfiles de los candidatos, los programas políticos, sociales y económicos propuestos por las futuras autoridades locales y la búsqueda del voto popular. En este contexto, limita una vez más la posibilidad de la manifestación pública, derecho que el año pasado ya se vio limitado por las facultades que se le dieron a la Policía Nacional de autorizar o no los permisos a actividades partidarias y la restricción por la pandemia de la Covid-19.
El financiamiento ha sido factor de preocupación para los partidos políticos pequeños en el país y sabemos que algunos han manifestado limitaciones económicas para sostenidas sostener campañas políticas extensas, y en una democracia este sería un tema importante a debatir. No obstante, el escenario actual demuestra que estamos ante un proceso electoral que no es íntegro, en el que ni siquiera existen mecanismos efectivos de rendición de cuentas para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos o bien, el gasto que estos hacen en las actividades políticas partidarias.
Confirman bajos niveles de participación ciudadana
Por otro lado, la reciente reforma plantea el incremento de personas que pueden estar inscritas a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), esta es una vez más, una decisión sin explicación. En otras democracias se toman medidas similares cuando existen altos niveles de abstencionismo, tal como lo documentamos el año pasado desde Urnas Abiertas en Nicaragua, ya que modificaciones de este tipo cuando hay bajos niveles de participación ciudadana no provocan aglomeraciones que hacen ineficiente el proceso. Por eso, desde nuestro criterio esta reforma confirma lo que registramos en 2021, junto a otras redes ciudadanas, 8 de cada 10 nicaragüenses habilitados para votar se quedaron en casa.
Desde Urnas Abiertas nos preocupa la manipulación excluyente que le puedan dar al Padrón Electoral, tal como lo hicieron el año pasado, una estimación técnica sugiere que desaparecieron más de un millón de votantes, cifra que a la fecha el CSE no ha sido capaz de explicar. Por lo tanto, los cambios de JRV no deberían de generar mayores confusiones ni exclusión de votantes.
Una vez más, recordamos que para lograr un proceso electoral legítimo, íntegro y creíble se necesita contar con condiciones democráticas adecuadas, una reforma unilateral no resolverá la grave crisis política, institucional y de Derechos Humanos por la que atraviesa Nicaragua.